La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) depositó este lunes ante el Tribunal Constitucional una acción directa de Inconstitucionalidad contra el decreto 342-20, en el que el Poder Ejecutivo declara de alto interés nacional la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
La entidad indicó que el Gobierno ha llevado el proceso de cierre y liquidación de la CDEEE de forma “acelerada” y sin que sea consensuada una ley vinculada al proceso.
También el artículo 3.1, Ley no. 107-13, los de la Separación e Indelegabilidad de los Poderes Públicos (artículos 4 y 7, Constitución), a la Reserva de Ley para la Supresión Personas Jurídicas de Derecho Público (artículo 141, Constitución; artículo 54, Ley Orgánica de la Administración Pública, no. 247-12) y los Principios de Supremacía Constitucional y Jerarquía Normativa (artículos 6 y 73, de la Constitución), entre otros.
Los abogados actuantes en representación de Justicia y Transparencia, Trajano Potentini, Henry Misael Adames y César Noboa, explicaron que se trata del más elemental de los principios jurídicos, a nivel de la jerarquía normativa, donde constituye una verdad absoluta y sin cuestionamientos, el hecho de que las leyes están por encima de los decretos.
Los juristas rechazaron los argumentos del ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, de que se trataba de un invento que ellos iban a liquidar la CDEEE, a la vez que reiteraron que las autoridades “no pueden seguir con la liquidación acelerada de la corporación, sin esperar que primero, sea aprobada una ley del legislativo, que así lo disponga y paute”.
Lamentaron que el Gobierno anunciara a finales de mayo un informe sobre las acciones en curso que vienen ejecutando, “dando cuentas del cese de actividades y la cancelación y liquidación de cientos de empleados, la transferencia de los contratos energéticos a las Edes, mediante cesiones de créditos ya ejecutadas y la celebración de asambleas generales extraordinarias de las Edes, asumiendo las referidas operaciones”.
Además “del denominado fideicomiso público para la privatización de Punta Catalina, entre otras tantas acciones ya materializadas”.
Agregaron que “con el informe en cuestión se pone de manifiesto todo un proceso de cambios, modificaciones, ventas de acciones, transferencias de propiedades y privatización de servicios públicos y contratos de alta sensibilidad, por lo miles de millones de dólares e intereses corporativos que la fecha que envuelven”.
Los abogados de Justicia y Transparencia estuvieron acompañados de una delegación del sector social acreditado para las discusiones del Pacto Eléctrico.
