Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica detuvieron hoy a 29 funcionarios de entidades públicas y privadas, presuntamente relacionadas con diversos delitos de corrupción en la ejecución de obras viales.
Los arrestados en 57 allanamientos, en conjunto con la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), trabajan en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), el Ministerio de Obras Públicas y en empresas privadas como Meco, H. Solís, Constructora Herrera, Cacisa e ITP Ingeniería.
En un inicio informaron que uno de los arrestados sería Camilo Saldarriaga, el principal asesor del mandatario Carlos Alvarado, pero después él mismo confirmó que permanecía en libertad y presentó su renuncia para asumir el proceso y demostrar su plena inocencia sin afectar el trabajo del poder Ejecutivo.
No tengo ni he tenido contacto con procesos de contratación pública. La única razón por la que soy parte de la investigación es porque, en el marco de mis tareas, monitoreaba la ejecución del Presupuesto Nacional y articulaba con la Tesorería Nacional el giro de transferencias a instituciones como Conavi, aseguró.
Lo cierto es que esta resulta la segunda ocasión en la historia de este país en que agentes del OIJ y del Ministerio Público allanan Casa Presidencial, ambas en esta Administración, pues esos efectivos registraron hoy las oficinas de Saldarriaga en la sede del Poder Ejecutivo.
El 28 de febrero de 2020, por la creación presuntamente irregular de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), agentes de las referidas entidades llegaron a recoger hasta teléfonos celulares y la computadora del mandatario tico, Carlos Alvarado.
Esta investigación aún está en curso y junto a Alvarado aparecen involucrados otros siete funcionarios -entre ellos los empleados de la UPAD-, señalados de tener acceso a información confidencial de los costarricenses, algo que está prohibido por la Constitución.
En el mas reciente caso, el director del OIJ, Wálter Espinoza, reveló a la prensa que en 2019 recibieron información confidencial de que un grupo de funcionarios públicos se reunían con miembros de empresas privadas, ganadoras siempre de las adjudicaciones, y que estaban malversando fondos que afectaban el erario público.
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