Explicó que la lentitud en la entrega de medicamentos se debe al proceso de cambio de plataforma. Se busca que el proceso de autorización sea más cuidadoso, debido a que se realiza doble y triple validación, “para comprobar que la receta sea real”.
El director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Edward Rafael Guzmán Padilla, indicó que está consciente de que todavía los afiliados de esa aseguradora pueden durar 45 minutos y hasta una hora esperando que se les autorice una receta en las farmacias del país.
Expresó que la lentitud se debe al proceso de cambio de plataforma, actualmente administrada por Farmacard, una entidad que funciona como intermediaria entre las ARS y las farmacias, con la que se valida y se busca que el proceso de autorización sea más cuidadoso, debido a que se realiza doble y triple validación, “para comprobar que la receta sea real”.
“Hemos constatado que se autorizaron recetas vacías. La receta en blanco y pasaba una autorización de medicamentos”, dijo Edward Rafael Guzmán al ser entrevistado en el programa El Día que se transmite por Telesistema.
Indicó que cuando Compras y Contrataciones Públicas canceló el contrato con Farmacard, en agosto del año pasado, les dio un plazo de 90 días para sustituir esa empresa. Ante esto abrieron una licitación que fue cancelada para “implementar otra solución”.
Informó que la decisión es que el servicio se brinde sin intermediario y sea Senasa que lo realice para de esta forma buscar una “salida para que el proceso sea más ágil”.
Se desconoce cuándo esta plataforma esté funcionando y acelere las autorizaciones médicas.
El director de Senasa dijo, además, que el déficit operacional que se encontró en esa entidad fue de 14,800 millones de pesos, lo que coincide con lo presentado por el Ministerio Público en que existe un desfalco de alrededor de 15,000 millones de pesos.
A través de la resolución DGCP44-2025-005056, Compras y Contrataciones canceló diversas empresas ligadas al entramado del pago de sobornos en el Seguro Nacional de Salud (Senasa), estás son: Farmacard, KHERSUN, Deleste, propiedad del grupo Read, cuyo representante es Eduardo Read Estrella y la empresa JCMV Despacho Legal, también vinculada a él.
Otras empresas suspendidas fueron Nutri-Med Cas, Nutrición & Medicina, de Cinty Acosta; Lufarca, propiedad de Ana Ledesma; Flavorheart Food Parts, de Heidi Pineda Perdomo; Grupo Siulrod de Ramón Alan Speakler Mateo.
Comercializadora Netofa, Comercializadora Gabao y Comercializadora Harif, empresas de Ramón Frankelis Liriano Fabián que fueron usadas por José Pablo Ortiz Giráldez para el cobro de sobornos. Además, las empresas creadas por Ortiz Giráldez para el cobro de sobornos como PDSS Servicios A Tu Salud, OGSS Prestadora De Servicios De Salud.
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