Por Andrés Bonilla.
La responsabilidad de un gobierno en cualquier parte del mundo de garantizar a la población un servicio de agua potable en cantidad y calidad apreciable es incuestionable, siempre y cuando se trate de un Estado donde se respeten los derechos fundamentales de cada ser humano.
En República Dominicana el rol oficial está literalmente bien definido y en el caso de Puerto Plata el servicio del preciado líquido es competencia de Coraplata, en la provincia Espaillat corresponde a Coramoca, en Santiago le toca a Coraasan y así sucesivamente.
El tema lo traemos a colación porque en el transcurso de esta semana varios medios publicaron una información, en la cual el director de la Corporación del Acuerduto y Alcantarillado de Santiago atribuía la falta de servicio al hecho de que una apreciable cantidad de hogares están conectados al sistema de manera ilegal, en términos más popular, «se roban el agua».
El ingeniero Silvio Durán fue muy preciso al señalar que la institución que dirige produce 114 millones de galones por día, que tiene 145 mil usuarios, y que unos 80 mil son irregulares. En términos más precisos el funcionario dijo que más de la mitad de los usuarios son ilegales.
En su revelación el ingeniero Durán, quien es uno de los principales promotores de la reelección del presidente Medina para un tercer mandato, señaló que en las riberas de las cañadas hay unos 6 mil usuarios irregulares, para un total de 30 mil personas que utilizan el agua de menear descontrolada.
El incumbente de Coraasan dejó bien claro, a modo de interpretación, que su gestión carece de gerencia para regular las conexiones irregulares, y que la mejor salida cuando no hay capacidad de solución es castigar a una población por el hecho de que una parte de sus habitantes no haya sido debidamente normalizados por parte el organismo competente para realizar esa labor.
Para los responsables de producir y suministrar agua con calidad y en cantidad suficiente a la ciudadanía resulta más fácil acusar a la ciudadanía de la problemática que representa la deficiencia en el servicio del líquido, que asumir sus responsabilidades de normar a todo aquel esté fuera de las normas.
Olvida el director de Coraasan que desde tiempos muy remotos se conoce que la venganza consiste en el desquite contra una persona o un grupo de personas en respuesta a una mala acción, sin tomar en cuenta que probablemente la peor de las acciones la comete el propio funcionario.
Suspender el servicio de agua a los clientes que incumplen con el pago mensual de la facturación es una facultad de la Corporación Acueducto y Alcantarillado de Santiago, pues jurídicamente se establece que todo aquel que firma un contrato se obliga así mismo, pero castigar a los residentes en una gran cantidad de comunidades para presionarlos para que se regularicen es el reflejo de la insensibilidad de un funcionario que no merece desempeñar ningún cargo pública.
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