El control de la seguridad ciudadana, la mentira del gobierno

Por. Andrés Bonilla

Rep. Dom. – En la pasada semana la sociedad dominicana se vio estremecida por una serie de hechos delictivos que llaman poderosamente la atención; el primero fue el asalto a una sucursal de la Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos en el Municipio de Tamboril, y el segundo el asalto a un camión de una empresa de envío de valores en la provincia de Azua.

En el primer caso dos hombres fuertemente armado ingresaron a la institución bancaria y tras asumir el control del ambiente bajo fuertes amenazas de muerte a los empleados y clientes sustrajeron 1 millón 700 mil pesos, en tanto que en el segundo robo varios sujetos cargaron una cantidad de dinero que asciende a la suma de 36 millones.

En otro hecho pero más reciente, específicamente el miércoles diez y ocho ( 18 ) del presente mes de abril, desconocidos asesinaron al comerciante Juan Cepeda Payano en Jarabacoa, municipio perteneciente a la provincia a la Vega, durante un atraco para despojarlo de una cantidad de dinero no determinada oficialmente.

En este enfoque sólo tomamos como referencia estos tres casos, de los tantos hechos delictivos que a diario se producen en diferentes puntos del país, porque con ellos es suficiente para tener una idea clara del rumbo que lleva la República Dominicana en materia de inseguridad ciudadana. Ya en nuestro país no hay garantía ni seguridad para nada ni para nadie, salvo el caso de los principales funcionarios oficiales.

El mismo día, y probablemente a la misma hora del asesinato del comerciante de Jarabacoa, el gobierno informaba al país que la delincuencia ha disminuido en gran medida los últimos meses, como resultado de los golpes dados por las autoridades al denominado crimen organizado.

Decía el gobierno, y lo manifestaba a través del Ministro de Interior y Policía, licenciado Carlos Amarante Baret, que la Policía Nacional es un organismo cada día más eficiente en su labor tendente a garantizar la paz ciudadana. El ministro, al igual que otros altos funcionarios no tienen preocupación por su integridad física, ya que la población paga millones de pesos para su cuidado.

Como ironía de la vida el ciudadano común, aquel tiene que pagar para que cuiden a los más encumbrados funcionarios del gobierno y dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana no tiene ningún tipo de protección. El ciudadano está expuesto al peligro que representa el alto nivel de la inseguridad en el territorio nacional.

A pesar de que el incumbente de Interior y Policía alega que los hechos delictivos han mermado en gran medida en la patria de Duarte, de Sánchez y de Mella, la interpretación de una amplia franja de la ciudadanía establece que el gobierno fracasó en término de la seguridad que debe brindar un Estado para garantizar el sosiego de cada uno de sus integrantes.

La realidad de hoy nos plantea que que los asaltos y otros hechos delictivos se producen a cualquier hora del día o de la noche, siendo dichosa la persona que logra salir con vida de este tipo de percance. Hay que reconocer que real y efectivamente una pequeña minoría es quien mantiene en zozobra a la mayor parte de la población.

Mientras el panorama de incertidumbre gana espacio las autoridades siguen haciendo caso omiso a la propuesta se reducir el desempleo, mejorar la calidad de la educación y darle seguimiento a los deportados por parte de Estados Unidos y otros países en busca de lograr una situación menos riesgosa, ya que el Interés del momento es determinar cuál propuesta gana entre la del danilismo y la del leonelismo con relación del mecanismo del primarias a ser incluido en la Ley de Partidos y Agrupaciones Politicas.