El decreto 324-24: Un paso hacia la transformación tecnológica de la República Dominicana

Por:Ing. Raúl Toribio*

En un mundo de rápidos avances tecnológicos  y crecientestensiones geopolíticas que alteran las cadenas globales de suministro, la República Dominicana ha asumido un rol protagónico. Con la promulgación del decreto 324-24, el país se adentra en la competitiva industria de los semiconductores, una movida estratégica que promete, no solo transformar su panorama tecnológico, sino también posicionarlo como un jugador clave en la economía global. Pero, ¿qué implica realmente este decreto y qué desafíos y oportunidades trae consigo? Este artículo desglosa el impacto potencial de esta iniciativa y cómo puede redefinir el futuro tecnológico de la nación caribeña.

El decreto que declara de prioridad nacional la promoción, innovación y desarrollo de la industria de semiconductores en la República Dominicana (decreto 324-24), promulgado por el poder ejecutivo en junio 2024, representa un hito en el camino que inexorablemente deberá recorrer nuestro país en términos de transformación tecnológica, académica y logística. Esta medida surge como respuesta a los cambios estratégicos y desequilibrios geopolíticos a nivel mundial que han revelado fragilidades en la cadena de valor y suministro de microchips a nivel global, afectando industrias como la automotriz, militar, de dispositivos médicos y de consumo, especialmente tras la pandemia delCOVID-19. Esta iniciativa muestra un gran potencial para atraer inversión extranjera en el ámbito tecnológico.

En 2021, Taiwán lideraba la producción de chips avanzados con un 22%, seguido de Corea del Sur con un 21%, Japón con un 19%, China con un 15% y Estados Unidos con apenas un 12% (una caída significativa desde el 40% que producía en 1990). Este panorama ha desplazado el epicentro tecnológico de la fabricación e innovación de microchips hacia el este de Asia, esta información la puedes ampliar en elordenmundial.com.

Las principales oportunidades de negocio, en principio, para la República Dominicana se centran en el ensamble, prueba y empaquetado (ATP), que implica complejos procesos de integración, verificación y encapsulamiento del chip. Otra área importante es el diseño y construcción de tarjetas de circuito impreso (PCB), esenciales para la industria electrónica y específicamente para el montaje de circuitos integrados. Estas dinámicas económicas emergentes representan beneficios significativos para empresas privadas y gobiernos de todo el mundo que hoy las persiguen, y por tanto, nuestro país no es la excepción. Es vital anticipar y prepararse estratégicamente para la posible relocalización de la fabricación de microchips, como parte de los esfuerzos de Estados Unidos para proteger sus innovaciones tecnológicas en desarrollo, incluida la computación cuántica.

El decreto 324-24 despierta el interés por atraer inversión extranjera a nuestro país, una tarea que no será fácil debido a la competencia con otros países de América Latina como México, Costa Rica y Panamá, que ya ofrecen ecosistemas atractivos en términos económicos, políticos, académicos y jurídicos para la atracción de capital tecnológico. En esta carrera, el estado dominicano debe mostrar una visión clara, estratégica y a largo plazo para sobresalir.

En 2019, Estados Unidos lideraba la cadena de suministro en el proceso de diseño con un 74%, pero en el ensamblaje, la tercerización era la norma, con solo un 6% realizado localmente. Esta oportunidad permite a países de América Latina entrar en la carrera tecnológica, similar a lo que hizo Costa Rica. La incapacidad para satisfacer la demanda de microchips, exacerbada por la crisis del COVID-19, llevó a la consolidación de la ley pública estadounidense No.117-167 “Chips Act of 2022”, conocida como “Chips+”, que crea incentivos para la producción de semiconductores en Estados Unidos.

La “Chips+” busca ampliar la capacidad de fabricación, investigación, empaquetado, equipamiento y materiales semiconductores en Estados Unidos, reduciendo la dependencia de microchips avanzados fabricados en el extranjero y protegiendo la propiedad intelectual en nuevas tecnologías revolucionarias. Esta propuesta convierte al microchip en un asunto de seguridad nacional, y el decreto 324-24 responde a la necesidad inmediata de Estados Unidos de captar de estos fondos federales.

El presupuesto inicial de “Chips+” fue de $50 mil millones, distribuidos entre 2022 y 2026, y actualmente se ha incrementado a $52 mil millones, atrayendo ya unos $220 mil millones en inversiones y proyectos. En esta competencia, cada país muestra sus mejores cualidades para atraer inversión extranjera. A continuación, se presenta una matriz comparativa resumida de las características más importantes de los principales competidores de la región (México, Costa Rica, Panamá y República Dominicana):

País	Fortalezas	Debilidades
México	Seguridad, infraestructuralogística	Corrupción y burocracia, limitada inversión en I+D+i
Costa Rica	Infraestructura logística, dependencia EE.UU	Costos más altos en comparación
Panamá	Infraestructuratecnológica y logística	Corrupción y burocracia, limitada inversión en I+D+i
RepúblicaDominicana	Leyes de incentivosfiscales	Dependencia de inversión extranjera, limitada inversión en I+D+i, seguridad, corrupción y burocracia, limitada fuerza laboral especializada, problemas de energía, idioma inglés.

Fuente: Elaboración propia.

México, vecino de Estados Unidos, ya posee una industria desarrollada y madura con mano de obra especializada. Costa Rica, con experiencia en la industria a través del “caso Intel”desde 1998, ha avanzado del ensamble y prueba hacia actividades de mayor valor agregado como la investigación y desarrollo tecnológico. Panamá cuenta con una infraestructura tecnológica y logística en ascenso, trabajando en el desarrollo de su talento local y en la atracción de inversiones en la industria de semiconductores.

El decreto 324-24 plantea desafíos importantes desde el principio, asignando la responsabilidad de su ejecución al Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Esta entidad, aunque con una responsabilidad compartida, ha mostrado incapacidad en el control de la informalidad (que ronda el 55.6%) y su rol como responsable es cuestionable, la informalidad es perjudicial para la tercerización de servicios y la expansión del negocio. Además, la falta de una política de desarrollo productivo clara y sostenible es una preocupación.

La República Dominicana busca posicionarse como un destino atractivo para la inversión a través de la Ley 8-90 de incentivos en régimen de zonas francas, que elimina el pago del 100% de impuesto sobre la renta, exportación, ITBIS, importación y derechos de aduana en maquinaria, materias primas, equipos y materiales de construcción, entre otros beneficios. Este esquema ya ha atraído a 85 empresas tecnológicas, incluyendo Eaton y Rockwell Automation, que producen desde disyuntores hasta equipos de redes inalámbricas, y ha posicionado a la industria electrónica como la tercera más grande entre las zonas francas con un 15%. Para fines de consulta puede dirigirse a itif.org.

El decreto propone acertadamente desarrollar la estrategia nacional de fomento a la industria del semiconductor (ENFIS), involucrando a tres actores principales: el sector público, el sector privado, la academia, y un cuarto observador, la sociedad civil. Los objetivos de esta estrategia incluyen evaluar, analizar, explorar, planificar y monitorear para convertir al país en un destino estratégico, competitivo y confiable para el desarrollo de la industria de semiconductores en el país.

Para ser efectivos, es necesario desarrollar Políticas de Desarrollo Productivo (PDP) que busquen nacionalizar la producción tecnológica, haciendo que los empresarios y emprendedores dominicanos participen en la fabricación de bienes tecnológicos. Se deben incentivar y desarrollar programas de becas, mentoría y tutorías académicas para interesar a los jóvenes desde temprana edad en las ciencias, tecnologías, ingeniería y matemáticas (STEM). Además, crear programas de intercambio y colaboración para fortalecer la investigación tecnológica y vincular la academia con la industria. Ampliar los parques tecnológicos que incluyan incubadoras y startupstecnológicas, incorporar el aprendizaje en línea totalmente gratuito con contenido de alto valor tecnológico, implementar el inglés de inmersión como curso obligatorio en secundaria, desarrollar incentivos fiscales avanzados que permitan atraer inversión tecnológica en investigación y desarrollo atrayendo talento por medio de los inventivos especiales de patentes, Promover la infraestructura para aumentar la conectividad y la Ciberseguridad como ejes principales, desarrollar programas académicos tecnológicos homologados para desplegarse en universidades públicas y privadas para que lleguen a todo el país, también es crucial desarrollar programas de inclusiónsocial y desarrollo sostenible mediante el uso de energías sustentables.

El régimen de inversión en zonas francas atraerá profesionales de distintos niveles académicos, desde técnicos hasta especialistas altamente valorados, resultando en trabajos intensivos en conocimiento y mejores salarios. Sin embargo, siendo el tercer país con el costo laboral más bajo en la industriaa nivel mundial, después de India y Filipinas esperamos que no se convierta en la industria menos atractiva por beneficios laborales y clima.

Se debe mejorar la competitividad y productividad, apoyando al sector productivo para que implemente “upgrades” tecnológicos automatizando procesos e incentivando la captura de información en tiempo real por medio de tecnologías como IoT y generando análisis estadístico por medio de IA. En el ecosistema tecnológico se compite con intensivo conocimiento y capacidad intelectual por medio de la investigación y desarrollo; en menor medida por costos.

Un aspecto positivo de este modelo económico por experiencia de otros países, es el incremento en importaciones y exportaciones, reflejándose en aumentos del ingreso laboral. Sin embargo, esto podría exponer otros problemas como la de caer en la “trampa del ingreso medio”, donde los países de ingresos medios no pueden competir en productos estandarizados de mano de obra intensiva debido a sus salarios relativamente altos, ni en actividades de alto valor agregado por su insuficiente capacidad tecnológica y productividad.

El mayor desafío se encuentra en la educación. El país tiene una abundancia de instituciones académicas de educación superiorprivada, con un total de 31 universidades incluidas una pública, 5 institutos especializados de estudios superiores y 5 institutos técnicos de estudios superiores como lo cuenta el informe general del MESCYT sobre estadísticas de educación superior 2019, muchos ofrecen programas tecnológicos limitados y de poca relevancia para la nueva industria tecnológica. Las áreas con mayor concentración de estudiantes: Negocios con (116,440) representa un 19% y las de menor concentración Arquitectura e ingeniería con (48,441) apenas representa el 8.09% del total, las carreras cursadas y de mayor impacto tecnológico son: Ingeniería de sistemas (4,438), Matemáticas (889), Ingeniería en Telecomunicaciones (252), Ingeniería Electrónica (1,158), Ingeniería Mecánica (1,572), Biología (377), Biotecnología (75), Ingeniería Química (1,189), Ingeniería Eléctrica (4,224), Ingeniería Mecatrónica (764), Ingeniería de Software (2,366) e ingeniería telemática (370), todas clave para el desarrollo de la industria tecnológica. Los egresados en la facultad de arquitectura e ingeniería rondan los (4,180) de los cuales 66% corresponden a hombres y 34% corresponde a mujeres. Como podemos observar el contexto, son limitaciones y desafíos que deben ser tomados en cuenta en el desarrollo de esta estrategia nacional para unificar criterios y brindar soluciones efectivas.

En conclusión, el decreto 324-24 es más que una simple legislación; es una declaración de intenciones hacia un futuro donde la República Dominicana se erige como un líder en la industria de los semiconductores. Sin embargo, para que esta visión se materialice, es crucial que el país invierta en educación, desarrolle infraestructura tecnológica robusta y fomente políticas de desarrollo productivo efectivas. Con una colaboración estrecha entre el sector público, privado y académico, y con el apoyo de la sociedad civil, el país puede no solo competir, sino también sobresalir en el escenario tecnológico global. Ahora es el momento de actuar, de innovar y de transformar desafíos en oportunidades. La nación está en la encrucijada de un futuro brillante; la pregunta es, ¿estamos listos para aprovecharlo?

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* Raúl Toribio es Ingeniero en Electrónica, con Máster en economía de las Telecomunicaciones y Maestría en Energías Renovables con doble titulación.

Cuenta con amplia experiencia en el sector de las telecomunicaciones, la automatización industrial y el desarrollo de productos electrónicos.

Director de la Carrera de Ingeniería Electrónica de la Universidad Tecnológica de Santiago, UTESA Sede.

Estudiante de Ciencias Políticas.

Contacto: [email protected]