Por Luis Córdova
El contexto de las redes sociales se ha convertido en una extensión de la vida. No es una alternativa para promoción sino un canal de diálogo permanente y de cuestionamiento incesante.
Twitter es la red social de los políticos y de quienes generan contenido, informaciones o sencillamente les gustan los temas relacionados. Este año, la plataforma, alcanza unos 345 millones de usuarios que, si bien es un número moderado con relación a otras, no menos cierto es que resulta impactante que tanta gente interactúe, opine y disfrute del bajo fuego cruzado.
En Latinoamérica la fiebre de los presidentes tuiteros inició con Uribe y Chávez; luego giraría en derredor de un Trump que montó su campaña (se dice que cuando su rival Hillary contaba cientos de millones en publicidad el republicano no llegaba a los cinco cifras en ese renglón)… hasta llegar a los “decre-tuis” de nuestro presidente.
Pero, ¿tienen derecho los políticos y funcionarios a bloquear usuarios en sus redes sociales?
La discusión es uno de los temas de discusión de derecho y de ciencia política. Quien argumenta que es una cuenta privada, debe responder también porque la usa en asuntos públicos.
La otra cuestión es la discriminación a un interlocutor, el impedir el acceso a información a la que le asiste derecho a tener y, lo peor de todo, el bloqueo como una sanción o muestra de intolerancia.
El abordaje va desde el enfoque de los Derechos Humanos; la discusión tiene auge pero, como siempre, los dominicanos llegaremos tarde, muchos menosprecian estos temas y prefieren otras minucias, hasta que la ola los arropa o simplemente se quedan para calendas griegas.
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