Oscar migró a Estados Unidos en brazos de sus padres, cuando era bebé. Natalie es estadounidense. Se conocieron en la escuela, se casaron y formaron un hogar. Pero él podría ser deportado, porque ingresó al país ilegalmente. Esta no es una novela.
El presidente electo Donald Trump advirtió que realizará deportaciones masivas en cuanto asuma el mando el 20 de enero. Y ya aparecen propuestas legislativas para recompensar a quienes delaten a sus vecinos indocumentados.
Nacido en México, Oscar Silva, de 24 años, cruzó el río Bravo hace más de dos décadas y su vida está en Texas: escuela, universidad y matrimonio en 2022 con Natalie Taylor, de 23 años.
“Soy estadounidense en todos los sentidos, menos en mis documentos”, cuenta desde su casa en Denton, cerca de Dallas.
Graduado en Economía y Contabilidad, acaba de hacer una pasantía en el Capitolio, pero su situación migratoria le impide trabajar y tener licencia de conducir. Sus amigos se sorprenden.
“Mucha gente me dice: no esperaba que fueras indocumentado. Y es justamente eso. No hay un rasgo de personalidad que te haga indocumentado”, asegura.
Oscar esperaba acogerse al programa “Keeping Families Together” (Mantener a las Familias Unidas), lanzado por el presidente saliente Joe Biden en junio.
La iniciativa permitía a inmigrantes sin estatus legal, casados con estadounidenses -o viudos de- y que califican para una residencia, comenzar sus trámites sin salir de Estados Unidos.
Pero un juez declaró ilegal el programa, a pedido de autoridades de estados conservadores aliados de Trump, liderados por Texas.
El plan tenía previsto beneficiar a 500.000 personas. Según la organización FWD; un 81% de este grupo trabaja y ha vivido más de dos décadas en Estados Unidos.
Sin ese plan, personas como Oscar deberán volver a su país de origen, que les es ajeno, iniciar los trámites allí y esperar una respuesta que puede demorar años, sin garantía de retorno. La cosa empeora si los deportan.
Eso implica separarse de sus familias, perder sus empleos, perderlo todo.
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