El Gobierno de España aprobó este martes la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil para Valencia y el resto de zonas inundadas la semana pasada, lo que facilitará la entrega de ayudas a los damnificados, anunció el presidente del ejecutivo, Pedro Sánchez.
Sánchez aseguró que su gabinete trabaja “desde el primer momento” en cuatro ámbitos prioritarios: salvar vidas, recuperar el cuerpo de las víctimas “con la prontitud y la dignidad que merecen”, garantizar la seguridad en las calles y restablecer los suministros y los servicios de las zonas afectadas.
Medidas económicas y financieras
El primer paquete de medidas, aprobadas hoy por el Consejo de Ministros, tiene un coste total de 10,600 millones de euros, a distribuir en 78 municipios en el este y el sur de España (75 de la Comunidad Valenciana, 2 de Castilla-La Mancha y 1 de Andalucía), para ayudar a los hogares, y también a las empresas, a los autónomos y a las instituciones afectadas por la dana, pero el listado “podrá ampliarse a otros municipios, a otras comunidades autónomas (regiones)” y “con el menor papeleo posible y la mayor celeridad y agilidad”.
Las ayudas directas a particulares serán universales, sin umbral de renta máximo y exentas de tributación e incluyen hasta 72,000 euros por casos de incapacidad, entre 20.000 y 60.000 para la reparación de cada vivienda afectada, hasta 10,300 para muebles y enseres dañados y hasta 37,000 para las comunidades de vecinos.
También habrá ayudas directas de 838 millones de euros para pequeñas y medianas empresas y para trabajadores autónomos en las zonas más afectadas: desde 5,000 euros para los autónomos hasta entre 10,000 y 150,000 para empresas, que podrán empezar a cobrarse en menos de un mes.
Se crea la figura de incapacidad temporal extraordinaria para las personas con daños físicos o psicológicos provocados por la dana, que tendrá consideración de accidente de trabajo y garantiza por tanto el 75 % del salario, y se facilita la posibilidad para los autónomos de solicitar la prestación por cese de actividad, que será del 70 % de su base de cotización, aunque no hayan cumplido 12 meses y sin reducción de prestaciones a futuro.
El plan incluye una línea de avales por valor de 5,000 millones de euros para empresas y autónomos, un retraso en el pago de impuestos pendientes con la Agencia Tributaria, un acuerdo con las entidades financieras para posponer el pago íntegro de los créditos hipotecarios o personales durante tres meses pagando solo los intereses durante nueve meses adicionales y la reducción para explotaciones y actividades agrarias en las zonas afectadas, entre otras medidas.