El juez acusa a Ignacio González de cobrar comisiones del Canal de Isabel II en Latinoamérica (Brasil, Colombia y República Dominicana)

El juez Eloy Velasco atribuye al ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González el cobro de comisiones millonarias a cambio de la adjudicación de contratos del Canal de Isabel II y compra de sociedades en Latinoamérica.

El magistrado puso el miércoles en marcha la denominada operación Lezo con la detención de González a primera hora de la mañana de ayer, al que sitúa al frente de una «organización criminal», así como de una decena de personas de su entorno. Entre ellos se encuentra su hermano Pablo González, directivo de la empresa pública Mercasa y al que los investigadores atribuyen el rol de testaferro del ex líder popular madrileño.

Asimismo procedió al registro de su chalé en Aravaca y de su despacho profesional en el centro de Madrid. La comisión judicial también irrumpió en diferentes dependencias de la Comunidad de Madrid, entre ellas la sede central de la empresa suministradora de agua.

La Fiscalía Anticorrupción considera también probado el enriquecimiento ilícito de González, que ha pasado la noche en el calabozo de la Unidad de Detenidos de la Comandancia de la localidad madrileña de Tres Cantos, y está decidida a solicitar para el ex alto cargo popular prisión incondicional y sin fianza por la comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, fraude a la Administración y blanqueo de capitales, además del referido a la pertenencia a una banda organizada.

La investigación, que dirige la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, tiene como columna vertebral la adquisición por parte del Canal de Isabel II de sociedades en América con notables sobrecostes.

Es el caso de la sociedad brasileña Emissao, de la que adquirió el 75% por 21,4 millones de euros. El precio real de dicha entidad en el momento de la compra era una cuarta parte de lo desembolsado por la Comunidad de Madrid, tal y como han acreditado los técnicos de la empresa pública. Una de las detenidas, María Fernanda Richmond, promovió esta controvertida operación junto al presidente de Inassa, filial del Canal para negocios en el exterior. El ex presidente de esta entidad, Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero del periódico La Razón, es otro de los detenidos en la operación.

La empresa de aguas también extendió sus tentáculos a Colombia donde se hizo con la gestión del agua en varias ciudades importantes, como Barranquilla. Ex trabajadores de la empresa denunciaron en Colombia y en España a responsables del Canal cómo se habían pagado comisiones ilegales a los socios colombianos.

En la República Dominicana el Canal estuvo presidido por el abogado Javier Soler, amigo de González y uno de los acompañantes del célebre viaje a Colombia en el que fue espiado el ex presidente.

En dicho desplazamiento también estuvo Edmundo Rodríguez Sobrino y el ex gerente del Canal, Ildefonso de Miguel, a quien la Fiscalía atribuye un papel clave en la trama de corrupción.

En Dominicana se adquirió la sociedad Triple A, dedicada al abastecimiento del agua.

Con la compra de estas entidades, articulada en numerosas ocasiones con sociedades en el extranjero, los investigadores calculan que se ocasionó un quebranto a las arcas públicas de 60 millones y que se ocultaron comisiones en Suiza.

Las pesquisas que constituyen la génesis de la operación Lezo se iniciaron tras la denuncia interpuesta por la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Cristina Cifuentes ante la Fiscalía Anticorrupción.

El Ministerio Público advirtió tras examinarla indicios de delito en las operaciones denunciadas y trasladó el asunto a la Audiencia Nacional. En ese momento se hizo cargo de las pesquisas Eloy Velasco, que ordenó intervenir los teléfonos de los principales implicados durante meses. De ahí que la contundencia de la operación Lezo venga derivada del contenido de estas escuchas, que según aseguran fuentes de la investigación a este periódico, son concluyentes.

Entre los registros practicados se encuentra la sede de Subastas Segre, vinculada a la mujer de González, Lourdes Cavero.

Sanear las entidades

González explicó a su entorno, tras conocer que estaba siendo investigada su gestión al frente del Canal de Isabel II, que muchas de las operaciones bajo sospecha derivan de la etapa de Alberto Ruiz-Gallardón al frente de la Comunidad pero que evitó denunciar públicamente las irregularidades detectadas para no perjudicar a la institución. Intentando, siempre según su versión, sanear las entidades y hacerlas viables.

Pese a que el objeto de la investigación no pasa por rastrear la financiación del PP de Madrid se albergan sospechas de que el Canal ha podido ser empleado como plataforma para el pago de actos electorales.

En el marco de este proceso están siendo investigados el director de La Razón, Francisco Marhuenda, y el presidente del diario, Mauricio Casals, por coaccionar a la presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes para que no denunciara las irregularidades halladas en el Canal de Isabel II.

EL MUNDO reveló el pasado mes de noviembre una grabación entre los dos detectives que espiaron a Ignacio González en Colombia en la que se jactaron de tener pruebas de sus comisiones.

Los dos investigadores presumieron de ello en una reunión celebrada el 20 de abril de 2010 en el hotel Meliá Princesa de Madrid.

Según detalló Julio Gutiez, propietario de la agencia de detectives Mira, a Mariano Ortiz, el investigador que subcontrató para seguir al alto cargo del PP en Cartagena de Indias, tenía a buen recaudo «los papeles» que demostrarían cómo González habría cobrado «un millón de dólares por obra». Y que lo había hecho a través de «dos empresas» ubicadas «en Colombia y Santo Domingo», dos destinos investigados en estos momentos.

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