El sector empresarial hace llamado a legisladores y advierte que el proyecto actual arriesga el empleo formal y la competitividad nacional

Más de 60 gremios empresariales y comerciales alertan que la propuesta legislativa no refleja los consensos tripartitos pactados y exigen prudencia al Congreso para evitar un impacto crítico en los costos de las MIPYMES.

Santo Domingo, RD. – El debate en torno a la modernización del marco regulatorio laboral en la República Dominicana ha entrado en una fase de alta tensión e interés nacional. Un nutrido bloque de organizaciones representativas de los distintos sectores de la actividad productiva del país emitió un firme pero respetuoso llamado a los miembros del Congreso Nacional para que actúen con prudencia, visión de país y un profundo sentido de responsabilidad histórica frente al Proyecto de Ley Orgánica que modifica el Código de Trabajo. El empresariado enfatiza la necesidad de permitir que el diálogo continúe activamente, asegurando que se incorporen todos los elementos técnicos y sociales indispensables para alcanzar una reforma que sea verdaderamente transformadora y que cuente con un respaldo legítimo y generalizado.

Tras realizar una revisión preliminar de la propuesta legislativa que se encuentra actualmente en las mesas de discusión del Congreso, las entidades firmantes encendieron las alarmas al advertir desviaciones significativas respecto a lo pactado previamente. La principal preocupación del sector privado radica en que algunos de los consensos fundamentales construidos de manera rigurosa durante el proceso de diálogo tripartito aún no se encuentran reflejados plenamente en el texto de la ley. Asimismo, los líderes empresariales lamentaron que diversos temas de alta relevancia, críticos para lograr una adaptación real de la normativa a las dinámicas actuales, permanezcan pendientes de inclusión en la agenda de reforma.

El análisis técnico del empresariado detalla que ciertos aspectos contenidos en el proyecto de ley actual podrían traducirse en un incremento directo de los costos laborales y sembrar un clima de incertidumbre jurídica en las contrataciones. De aprobarse sin modificaciones, este escenario dificultaría sustancialmente la creación de nuevos puestos de trabajo dentro de la formalidad. El impacto de estas medidas regulatorias sería particularmente severo y crítico para las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), las cuales representan una parte fundamental del tejido productivo nacional y disponen de menor capacidad de absorción financiera para resistir un aumento desproporcionado de sus costos de operación.

Frente a esta realidad, las organizaciones enfatizaron que una legislación laboral moderna no debe limitarse a un enfoque de cargas económicas, sino que debe diseñarse de forma equilibrada para preservar y fortalecer los derechos fundamentales de los trabajadores, contribuyendo simultáneamente a resolver los desafíos estructurales que frenan el potencial del país. Entre estos retos urgentes, señalaron la necesidad de combatir los altos índices de informalidad laboral, impulsar decididamente la productividad de las empresas, promover la generación de más y mejores empleos estables, y robustecer la competitividad de la República Dominicana en un entorno económico global cada vez más exigente.

Este manifiesto cuenta con el respaldo definitivo y sin precedentes de las principales cúpulas y asociaciones comerciales del país, lideradas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM) y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (CODOPYME), junto a importantes entidades regionales como la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Al cierre de su comunicado fechado el 20 de mayo de 2026, el sector empresarial reiteró su compromiso inquebrantable con una reforma trascendente, recordándole a los legisladores que, tras tantos años de espera, el país merece que este proceso se haga bien para garantizar un crecimiento sostenible y equitativo para todos los dominicanos.