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Empresas turísticas inmobiliarias piden mantener incentivos del Estado al sector

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La Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias (Adeti) se sumó al llamado realizado recientemente por la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores) para mantener el conjunto de políticas públicas de fomento al desarrollo turístico del país, al amparo de la Ley 158-01 y sus sucesivas modificaciones, que han dotado a la industria turística de su principal herramienta para lograr una mayor competitividad como destino turístico líder de la región del Caribe.

Indicaron que esto ha tenido como resultado, entre otras cosas, el desarrollo del sector turístico inmobiliario que en las últimas décadas ha generado inversiones por más de nueve mil millones de dólares, la creación de miles de empleos directos y un alto incremento de la oferta de alojamiento para los viajeros que visitan el país, logrando posicionarse en medio de la pandemia como el complemento esencial para el tradicional turismo hotelero.

En una nota de prensa destacaron que “no se debe desacelerar el incremento del nivel de inversión frente a los principales competidores de la región, y ejemplo de ello es que desde el año 2013 (última modificación a la Ley 158-01 mediante la Ley 195-13), cinco países de la región -Honduras (2017), México (2019), Puerto Rico (2019), Panamá (Plan Maestro 2020-2025) y Nicaragua (2020)- adaptaron su legislación en materia turística para incorporar a su ordenamiento jurídico políticas de Estado en materia tributaria que han contribuido a que sean destinos más competitivos, sin obviar otros países con legislaciones anteriores como Costa Rica, El Salvador, Jamaica y Colombia”.

Ante cualquier escenario de discusión de una posible modificación del marco normativo que incida de manera directa en la competitividad del sector turístico inmobiliario, la Asociación Dominicana de Empresas Turísticas Inmobiliarias expresó su preocupación por el posible desvío del flujo de inversión para nuevos proyectos turísticos inmobiliarios y, por vía de consecuencia, “la pérdida de miles de empleos directos e indirectos para el sector. Invitó a los poderes públicos a analizar diferentes alternativas para lograr mejorar los ingresos del Estado a través del consenso “y sin poner en riesgo su liderazgo regional”.

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