Fincas y villa de lujo entre bienes que el MP pide sean decomisados a imputados por corrupción

El Ministerio Público solicitó este jueves al Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional el decomiso de un extenso patrimonio inmobiliario, vehicular y financiero, como parte del proceso judicial por el caso de corrupción administrativa mediante el cual, según la acusación, se sustrajeron más de 4,500 millones al Estado dominicano.

Entre los bienes cuya incautación definitiva fue solicitada por la Fiscalía figura una finca avícola, ganadera y agropecuaria donde operaba la Asociación Campesina Madre Tierra, ubicada en Sabana Grande de Boyá, valorada en 3,856,046 millones de dólares, así como un proyecto residencial en Colina del Oeste compuesto por cuatro residencias familiares y un área común, cuyo valor conjunto asciende a 3,502,004.13 millones de dólares.

También se incluye una villa de lujo localizada en Balcones del Atlántico, en Las Terrenas, valorada en 500,000 dólares.

La solicitud de decomiso abarca además una plaza comercial de 44 locales situada en la autopista Duarte, valorada en 92 millones de pesos, así como un amplio terreno ubicado en la avenida Charles de Gaulle, en Santo Domingo, donde opera un negocio, cuyo valor fue estimado en 123,649,234.02 millones de pesos.

En la provincia Monte Plata, el Ministerio Público pidió decomisar varias propiedades rurales, entre ellas una finca sembrada de piñas en Pueblo Nuevo del distrito municipal Chirino, valorada en 32,256,056 millones de pesos, una finca agrícola ubicada en el tramo carretero Mata Los Indios, en Bella Vista de Guerra, con un valor de 342,040 dólares, y una finca sembrada de cacao localizada en el tramo Los Botados–Camarón, en Hato Viejo de Yamasá, valorada en 265,546 dólares.

También forma parte del patrimonio bajo solicitud de decomiso una finca ubicada en la carretera de Las Palmas, esquina Caquelo, en el distrito municipal Río Verde, provincia La Vega, valorada en 14.4 millones de pesos.

A esto se suman más de 25 apartamentos distribuidos entre Santo Domingo, el Distrito Nacional, Punta Cana y Santiago de los Caballeros, así como casas residenciales en San Francisco de Macorís, Santo Domingo Oeste y otras demarcaciones.

El expediente incluye igualmente la incautación de unos 70 vehículos, entre camiones de carga, vehículos agrícolas, yipetas, automóviles deportivos, eléctricos y otros vehículos de alta gama, además de cuentas bancarias y certificados financieros que se encuentran actualmente inmovilizados.

 

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