La Paz, BOLIVIA.- El Gobierno de Bolivia ha amenazado este lunes con sanciones de hasta diez años de cárcel por no llevar el certificado de vacunación contra la COVID-19 para asistir a eventos sociales o ingresar en ciertas instalaciones, que entrará en vigor el 1 de enero.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, ha hecho hincapié en que la medida «no es chiste» y ha detallado que las personas que no porten el documento y den positivo por COVID-19 podrán ser sancionadas en base a un delito de atentado a la salud pública.
«Si yo no porto, no demuestro estos documentos y si me hacen la prueba y tengo COVID-19 estoy atentando contra la salud de los otros usuarios. Por lo tanto, pueden hacerme un proceso», ha indicado en declaraciones a la televisión pública boliviana, recogidas por el diario ‘El Deber’.
«No es chiste, no es una cosa que salió y (…) el que quiere la cumple y el que no quiere no la cumple», ha insistido. El decreto 4640 exige la presentación del certificado de vacunación o la presentación de una PCR negativa para poder acceder a ciertos espacios –como instituciones públicas, entidades financieras, religiosas o centros comerciales– y para viajar entre departamentos.
Horas más tarde, Silva ha lamentado que sus palabras se hayan tergiversado y ha aclarado que el Gobierno boliviano «no meterá en la cárcel a quienes no se vacunen».
«Lamento que se distorsione, en ningún momento hemos dicho que se va a meter a la cárcel a quienes no se vacunen», ha subrayado en rueda de prensa, incidiendo en que la inmunización contra la COVID-19 es «universal, gratuita y voluntaria», según ha recogido la agencia de noticias boliviana ABI.
Así, ha explicado que «por un tema de proteger la salud de la población» se ha establecido que «para ingresar a ciertos establecimientos puedan portar su carné de vacuna o su prueba PCR (…) quienes no tengan su carné de vacunación deberán mostrar su prueba PCR o no podrán entrar a ciertos lugares».
Silva ha indicado de manera general que, de acuerdo con el artículo 216 del Código Penal boliviano, los delitos contra la salud pública pueden ser sancionados con uno a diez años de privación de libertad.
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