Gremios empresariales piden al presidente no promulgar reforma a la Ley de Residuos Sólidos

La modificación a la Ley General de Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos (Ley 225-20), recientemente aprobada por el Congreso Nacional, ha despertado una ola de preocupación en diversos sectores productivos del país, que advierten sobre las consecuencias económicas, operativas e institucionales que podría acarrear su entrada en vigencia.

Tanto la Asociación Dominicana de Productores de Cemento (Adocem), como la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) y la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), han coincidido en que el nuevo marco legal impone cargas desproporcionadas, amenaza la libertad de empresa y ha sido aprobado sin una consulta efectiva con los actores impactados.

Adocem: obligación de coprocesamiento vulnera la libertad de empresa

Julissa Báez, directora ejecutiva de Adocem, manifestó a Diario Libre que el artículo 20 del proyecto obliga al uso de combustibles derivados de residuos en los hornos cementeros, lo cual consideró inconstitucional y contrario al principio de libertad empresarial consagrado en la Constitución.

“Esa obligación vulnera la libertad de empresa consagrada en el artículo 50 de la Constitución. No se puede imponer por ley el uso de un insumo específico sin tomar en cuenta las condiciones técnicas, económicas y regulatorias”, afirmó.

Actualmente, agregó, que en República Dominicana ni siquiera existe un mercado estructurado de combustibles alternativos: no hay garantía de suministro, ni calidad ni cantidad adecuada para el coprocesamiento, que es como se llama ese proceso técnicamente.

 

 

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