Santo Domingo, RD. – El presidente Luis Abinader fue intimado por la Asociación de Fiscales Dominicanos (Fiscaldom), a fin de que en el proyecto del presupuesto general de la nación para el año 2023, asigne a la Procuraduría General de la República los recursos suficientes para cubrir las necesidades perentorias de los miembros del Ministerio Público.
La intimación al jefe del Estado fue hecha por el coordinador general de la entidad, Francisco Rodríguez Camilo, a través del ministerial, Isaac Rafael Lugo, alguacil ordinario del Tribunal Superior Administrativo (TSA), mediante acto 304-22, del 20 de septiembre pasado.
En el acto de alguacil también se intima a los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados, Eduardo Estrella y Alfredo Pacheco, respectivamente; al ministro de Hacienda, José Manuel Vicente (Jochi) y al director general de presupuesto, José Rijo Prebost.
En la intimación y puesta en mora, los fiscales piden que se incluyan las partidas o asignación presupuestaria imprescindibles para que el Consejo Superior del Ministerio Público y la Procuraduría General de la República puedan mejorar la calidad de vida y las condiciones de trabajo de los miembros del Ministerio Público.
Advierten en el acto de alguacil de que en caso de no obtemperar a su requerimiento, los fiscales de todo el país podrían paralizar todos los trabajos bajo su responsabilidad, lo que incluye la persecución, allanamientos, investigación, acusaciones, vías recursivas y todo el sistema de justicia penal.
Rodríguez Camilo, coordinador general de Fiscaldom, sostuvo que con la asignación de los recursos económicos que le corresponde al Ministerio Público, se cristaliza y consolida la autonomía funcional, presupuestaria y administrativa consagrada en los artículos 169 y 170 de la Constitución de la República.
Manifestó que de esa manera ese órgano extra poder adscrito al sistema judicial pueda cumplir con las reivindicaciones, las conquistas, y los derechos adquiridos por los miembros del Ministerio Público desde el año 2003, con la promulgación de la Ley 78-03 (derogada), los cuales fueron incorporados a la Ley 133-11, Orgánica del Ministerio Público, lo cual nunca se ha cumplido.
Manifestó que como fruto de la negativa de los gobiernos anteriores de asignarle los recursos que le corresponden a la Procuraduría General de la República, a todos los miembros del Ministerio Público se les han violado sus derechos fundamentales.
Consideró que los fiscales reciben el pago de un salario pírrico e insignificante, en violación a lo que disponen las leyes 78-03 (derogada) y 133-11, las cuales les asignan un salario, remuneraciones e incentivos al mismo nivel o superior al que les pagan a los jueces ante los cuales ejercen sus funciones, motivo por el cual, no soportarán más burlas de parte de las autoridades, ni violaciones de derechos fundamentales en perjuicio de todos los fiscales del país.
A juicio de Rodríguez Camilo, otros derechos fundamentales que se les están violando a todos los miembros del Ministerio Público son el derecho a la igualdad consagrado en el artículo 39 de la Constitución de la República y el derecho a la dignidad humana, establecido en el artículo 38 de la Carta Magna.
También el derecho a la protección y asistencia a las personas de tercera edad, contenido en el artículo 57; el derecho a la seguridad social para protegerlos en la enfermedad, discapacidad, desocupación y vejez, entre otros.
Rodríguez Camilo argumentó que los fiscales carecen de un salario digno y decoroso, al nivel de las funciones que desempeñan y que no pueden ejercer ninguna otra actividad pública, ni privada; que trabajan en condiciones de peligrosidad, combatiendo la delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado, y a pesar de todo, sus precariedades económicas los obligan a vivir en barrios marginados, conviviendo ellos y sus familias en sus vecindarios,, rodeados de los focos de delincuencia .
Destacó que solo en San José de Ocoa, en el último mes cuatro fiscales han sido víctimas de atentados de parte de sectores ligados a la delincuencia y al narcotráfico.
Citó que tampoco tienen un plan de seguro médico de alta cobertura, por lo que en los últimos 15 días han muerto tres fiscales, por carecer de buenas atenciones médicas y de medicamentos.
Manifestó que hay más de 50 fiscales en mal estado de salud provocado por el estrés laboral, padeciendo de cáncer, enfermedades cardíacas, renales, hepáticas, estomacales, digestivas, depresivas, ansiosas, Alzheimer, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca.
Destacó además que más 20 fiscales están esperando la pensión por vejez o discapacidad, pero que sin embargo, no tienen un plan de retiros, pensiones y jubilaciones, como lo ordena la Ley No.133-11, en sus artículos 106 y 107, lo que trae como consecuencia que los hijos, la esposa (o) y los dependientes de los miembros del Ministerio Público.
Advirtió que estos están condenados a quedar desamparados, en miseria, y en precariedades, cosa ésta que no sucede con los jueces del Poder Judicial, los del Tribunal Constitucional, los miembros de la Junta Central Electoral, la Policía Nacional, los militares, los maestros, los empleados del Banco de Reservas y del Banco Central.
Expresó que urge que el Presidente Luis Abinader Corona, entregue los recursos que les corresponden al Ministerio Público, para que la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito y el Consejo Superior del Ministerio Público puedan, pueda poner de inmediato el funcionamiento del plan de retiros, pensiones y jubilaciones del Ministerio Público.
Dijo que casi todos los miembros del Ministerio Público del país, están a la expectativa, esperando el llamado a paro nacional de las labores en el sistema de justicia, en cosa de que el Presidente de la República, Luis Abinader no les entregue los recursos correspondientes, para lo cual están coordinando y buscando apoyo y solidaridad de los jueces, de los defensores públicos, del Colegio de Abogados y de la sociedad civil.
“Sin embargo, esa decisión será la última ratio, porque estamos dando un compás de espera y les hemos dado un voto de confianza al Presidente de la República para que entregue los recursos necesarios al Ministerio Público, para que la magistrada Miriam Germán Brito y el Consejo Superior del Ministerio Público puedan cumplir con las disposiciones constitucionales y legales a favor del Ministerio Público”, aduce la instancia de intimación y puesta en mora.
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