La Fiscalía abre una investigación por pederastia contra otro jesuita en Bolivia

La Fiscalía de Bolivia anunció este lunes la creación de una comisión para investigar las denuncias de presuntos abusos sexuales cometidos por el sacerdote jesuita Luis María Roma Padrosa, ya fallecido, en un municipio en la región oriental de Santa Cruz.

La denuncia, inicialmente presentada ante el Ministerio Público de La Paz, fue derivada a Santa Cruz y de inmediato “se ha abierto de oficio una investigación en primera instancia por abuso sexual”, explicó a los medios el fiscal departamental de esa región, Roger Mariaca,

Tres fiscales llevan el caso y se espera que la Policía Boliviana asigne investigadores para acompañar el trabajo de la comisión, que deberá ir a localidades rurales cruceñas como el municipio de Charagua, en el sur del departamento, donde se presume que fueron cometidos los abusos.

La investigación también determinará “el grado de responsabilidad o encubrimiento que pudiera haber de diferentes personas en estos hechos”, agregó Mariaca.

En febrero de 2019 EFE dio a conocer el caso de Roma, mediante una denuncia de un exmiembro de la orden que pidió el anonimato y se basó en una treintena de fotografías explícitas en las que dijo reconocer al supuesto agresor de varios niños y niñas de entre 6 a 12 años.

Esas imágenes se captaron mientras el supuesto agresor era parte de una comunidad jesuita en una zona rural cruceña.

Las fotos, cuyo registro informático es de 2002, fueron halladas hace una década por el denunciante en una comunidad jesuita de Bolivia, distinta al sitio donde se cree que los hechos sucedieron.

Roma negó las acusaciones y evitó hacer comentarios al respecto en su momento, y falleció en agosto de 2019, a sus 84 años, antes de que finalice la investigación iniciada por su orden.

Reacción de los jesuitas

La Compañía de Jesús en Bolivia mencionó en un comunicado reciente las acciones emprendidas desde que el caso se conociera en 2019, entre ellas, la activación de un protocolo ante la denuncia recibida, el inicio de una investigación interna y la suspensión del acusado.

La orden precisó que realizó “entrevistas, inspecciones, revisión de documentos y evaluación psiquiátrica, visita al lugar de los hechos (Charagua) y disposición de escucha para recepción de denuncias de víctimas, sin que ninguna se presentara”.

 

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