La Fortaleza Juana Núñez fue el escenario donde se presentaron los resultados del plan piloto del Primer Catastro Nacional Penitenciario, una herramienta que busca modernizar la gestión carcelaria en el país, generando un registro sistemático y dinámico de datos sobre las personas privadas de libertad.
“Hoy estamos dando un paso fundamental hacia una gestión más estratégica, transparente y eficiente del sistema penitenciario, sentando las bases para mejoras significativas en las condiciones de reclusión y la reinserción social del penado”, explicó Yenny Berenice Reynoso, procuradora General de la República, en su discurso.
Destacó que la diferencia de un censo y el catastro, es que el primero es estático; sin embargo, este sistema permitirá actualizar en tiempo real información crucial sobre cada interno, desde su ingreso hasta su egreso.
“El catastro penitenciario es un sistema integral y dinámico de recolección, registro y actualización permanente de información detallada sobre cada persona privada de libertad, la infraestructura y los recursos del sistema”, enfatizó Reynoso.
El catastro permitirá segmentar con criterios claros a la población penitenciaria, diferenciando entre delitos menores y mayores, perfiles de riesgo, edades, condiciones de salud y situación judicial.
De acuerdo a los resultados obtenidos en este primer levantamiento, se recolectaron datos de 207 internos, incluyendo 186 hombres y 21 mujeres. El levantamiento abarcó aspectos demográficos, socioeconómicos, criminológicos, jurídicos, de salud, educativos y psicológicos.
Dentro de los hallazgos se destaca que 26 personas están presas únicamente por no poder pagar garantías económicas inferiores a 10 mil pesos, mientras que el Estado gasta más que esa suma en pocos días para alojarlos y alimentarlos.
“El sistema penitenciario de la atroz dictadura de Trujillo fue utilizado para orquestar la cobarde trama que terminó con el vil asesinato de las hermanas Mirabal. Por eso no podíamos escoger un mejor lugar que la tierra de estas heroicas mujeres para iniciar un proyecto tan significativo para el sistema de justicia y la democracia”, expresó Reynoso, visiblemente emocionada.
El proyecto se cuenta con el apoyo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), cuya directora, Mildred Martínez Mejía, afirmó que el catastro “no es una iniciativa aislada, sino parte de un proceso más amplio de articulación institucional que busca asegurar que la información oficial sirva como instrumento al servicio de la justicia, la equidad y la eficiencia”.
Otros aliados son la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y otras entidades como la Junta Central Electoral (JCE).
Además de la sistematización de datos, el catastro incorpora herramientas tecnológicas avanzadas como el registro biométrico y la trazabilidad de usuarios. Según Reynoso, esto permitirá “detectar y prevenir errores graves como que una persona condenada a 30 años quede libre por fallas administrativas o que alguien dé penas”.
El cronograma de trabajo contempla el levantamiento de información en nueve centros penitenciarios femeninos y en La Victoria, que albergan en conjunto unas 5,606 personas privadas de libertad.
Posteriormente, se avanzará hacia los centros masculinos del norte, este y sur, así como los recintos de menores. En total, el sistema cubrirá a más de 24,000 internos en todo el país.
Se espera que la recopilación y sistematización concluyan el 26 de septiembre de 2025, estableciendo las bases para una reforma penitenciaria orientada a la dignidad, la legalidad y la reinserción.
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