Por: Cándido E. Almánzar
Gestor Universitario
La Ley 57-96, vigente en República Dominicana, otorga a los legisladores el beneficio de exoneraciones fiscales para la adquisición de vehículos, un privilegio que ha sido motivo de críticas recurrentes por sectores de la sociedad que consideran que este beneficio resulta excesivo en un contexto donde la austeridad debería prevalecer en las instituciones públicas. Recientemente, ha surgido un proyecto de modificación que busca limitar y regular el alcance de esta ley, una medida que genera tanto esperanzas como debates sobre su verdadero impacto.
El proyecto de modificación propone tres puntos clave: reducir la exoneración a un solo vehículo por período legislativo, establecer un valor máximo de 200,000 dólares para el vehículo adquirido y prohibir la transferencia del mismo a terceros hasta cumplidos cuatro años desde su adquisición. Estas reformas buscan frenar los abusos que, en ocasiones, han desvirtuado el propósito inicial de la ley. Sin embargo, la reflexión debe ir más allá de los números y considerar el mensaje que las acciones de los legisladores transmiten al pueblo.
Con un límite de 200,000 dólares, se podrían adquirir vehículos de alta gama como un Mercedes-Benz Clase S, un Toyota Land Cruiser o incluso un Tesla Model X. Aunque estos vehículos representan estándares de lujo, eficiencia y tecnología, resulta cuestionable que tales adquisiciones reflejen la austeridad que la ciudadanía espera de sus representantes. En un país donde muchas familias luchan por cubrir sus necesidades básicas, estos privilegios generan una desconexión entre la clase política y la realidad del pueblo.
Es fundamental que los legisladores comprendan que su rol no solo implica legislar, sino también liderar con el ejemplo. La modificación de esta ley es una oportunidad para demostrar compromiso con la transparencia y la equidad, y para transmitir un mensaje claro: el interés colectivo debe prevalecer sobre los privilegios personales. En este sentido, sería justo que los beneficios legislativos se orienten hacia vehículos más modestos, funcionales y accesibles, que reflejen una verdadera vocación de servicio.
La ciudadanía espera de sus líderes decisiones que prioricen el bienestar común, especialmente en un contexto de desigualdad social y económica. Este proyecto de ley representa un avance hacia la construcción de un sistema político más justo, pero su implementación y el compromiso de los legisladores serán determinantes para que estas medidas no se queden en el papel. Más que un cambio en la normativa, se requiere un cambio de mentalidad, donde el servicio público sea sinónimo de sacrificio y dedicación en favor de los demás.
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