Ley de Seguridad Social: reformar hoy para proteger el retiro de mañana

 

Por: Cándido Almánzar*

La Ley núm. 87-01 transformó la protección social de los dominicanos. Su creación organizó un sistema destinado a acompañar a los ciudadanos ante contingencias fundamentales y, especialmente, a garantizar ingresos durante la vejez.

Más de dos décadas después, reconocer sus avances no implica ignorar sus limitaciones. Defender la seguridad social exige revisarla y actualizarla conforme cambian la economía, el mercado laboral y la demografía.

La República Dominicana enfrenta hoy ese desafío.

El mercado laboral para el que fue diseñado el sistema ha cambiado. Miles de trabajadores alternan entre la formalidad y la informalidad, trabajan por cuenta propia o pasan largos períodos sin cotizar. Como ha señalado la Superintendencia de Pensiones, trabajar durante muchos años no significa haber cotizado durante todo ese tiempo.

Las estadísticas deben citarse con su fecha de corte y fuente, pues el número de afiliados, cotizantes y la densidad de cotización varían periódicamente. En todo caso, estar afiliado no garantiza una protección adecuada durante el retiro.

Este es uno de los principales retos del sistema.

Una reforma necesaria

Actualmente se discuten propuestas para actualizar la Ley núm. 87-01. Una de ellas plantea que el acceso a una pensión mínima garantizada pueda comenzar, de forma transitoria y bajo las condiciones que establezca la reforma, con 15 años de cotización, en lugar de los 25 años previstos para determinados supuestos.

La propuesta cobra importancia ante los análisis técnicos divulgados por la SIPEN. Según estas proyecciones, si se mantienen las condiciones actuales, una proporción reducida de afiliados alcanzaría en 2050 los 25 años de cotización requeridos. Sin embargo, se trata de estimaciones sujetas a supuestos metodológicos, no de resultados inevitables.

El problema no debe postergarse.

Reducir los años exigidos sería solo una parte de la solución. También se ha planteado elevar gradualmente la tasa de cotización total, fijada por la Ley núm. 87-01 en 9.97 % del salario cotizable, hasta alcanzar el 15 % en ocho años. El propósito sería acumular más recursos durante la vida laboral y contribuir a financiar mejores pensiones.

Cualquier cambio debe aplicarse de manera gradual, apoyarse en estudios actuariales rigurosos y equilibrar las responsabilidades de trabajadores, empleadores y Estado. También debe medirse su impacto en el empleo formal, los ingresos familiares y la sostenibilidad financiera del sistema.

No basta con pensionarse: importa cuánto se recibe

Debemos plantearnos una pregunta fundamental: ¿qué significa realmente una pensión digna?

No basta con reconocer el derecho a recibir una pensión. Ese ingreso debe permitir a la persona adulta mayor cubrir razonablemente sus necesidades básicas: alimentación, vivienda, medicamentos, atención médica y participación social.

Por eso resulta relevante establecer una pensión mínima garantizada de por vida, ajustada mediante un mecanismo explícito de indexación y sujeto a la disponibilidad financiera y a las reglas legales. Una pensión congelada mientras sube el costo de vida pierde capacidad protectora.

La suficiencia de las pensiones debe ser uno de los principales indicadores para evaluar el sistema.

La salud también forma parte del retiro digno

Las pensiones no pueden separarse de otra realidad: en la vejez aumentan las necesidades de atención sanitaria, justo cuando disminuyen o desaparecen los ingresos laborales.

Una reforma integral debe fortalecer la protección de pensionados y adultos mayores, simplificar procedimientos, asegurar el acceso oportuno a medicamentos y ampliar la prevención, la atención primaria y la atención geriátrica, dentro de las competencias y coberturas del Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Pensión y salud forman parte de una misma aspiración: vivir la vejez con seguridad y dignidad.

Independientes, informales y ahorro complementario

Otro reto consiste en incorporar efectivamente a los trabajadores independientes y a quienes permanecen fuera del empleo formal.

La economía dominicana del siglo XXI incluye profesionales independientes, pequeños comerciantes, transportistas, emprendedores y trabajadores de plataformas digitales. La seguridad social debe crear mecanismos flexibles, proporcionales y fiscalmente sostenibles para integrarlos, sin debilitar sus derechos ni la estabilidad financiera del sistema.

También conviene fortalecer los planes complementarios de pensiones. El ahorro voluntario puede ofrecer protección adicional durante la vejez y, bajo reglas prudentes, contribuir a objetivos como adquirir una primera vivienda, financiar la educación o afrontar determinadas emergencias médicas. Esto no debe comprometer el ahorro obligatorio destinado al retiro.

Un pacto por la edad dorada

La Ley núm. 87-01 fue una conquista social. Permitió acumular ahorro previsional, desarrollar mecanismos de protección y construir una institucionalidad que debemos preservar. Pero preservar una conquista no significa inmovilizarla.

La realidad dominicana exige una nueva etapa.

Necesitamos ampliar la cobertura, facilitar el acceso a una pensión mínima, aumentar progresivamente el ahorro previsional, fortalecer los planes complementarios, incorporar a los trabajadores independientes, mejorar la atención sanitaria y garantizar mayor transparencia sobre los resultados y costos del sistema.

La reforma no puede depender solo del Gobierno o de las administradoras de fondos de pensiones. Requiere un acuerdo nacional con la participación de trabajadores, empleadores, autoridades, Congreso Nacional, academia y sociedad civil.

Desde la universidad debemos aportar conocimiento, investigación y propuestas técnicamente sustentadas.

Como ciudadanos, debemos recordar que detrás de cada cifra previsional hay una persona que ha dedicado décadas al trabajo.

Por eso hago un llamado al liderazgo empresarial, laboral y político de la República Dominicana: coloquemos la protección de los adultos mayores entre las prioridades nacionales. Busquemos una reforma sostenible y humana, capaz de ofrecer mayores beneficios a quienes llegan a esa etapa que llamamos con justicia la edad dorada.

El progreso de una nación no debe medirse solo por cuánto produce, sino también por cómo trata a quienes contribuyeron durante toda una vida a generar esa riqueza.

Reformar hoy la seguridad social es proteger el retiro de mañana. Garantizar una vejez digna es, además de una responsabilidad económica, un compromiso ético entre generaciones.

Cándido Almánzar
Rector UTESA, Recinto Mao. Docente universitario de Matemáticas Financieras durante 30 años.