Por Nicolás Arias.
En la cultura de la política dominicana se le acostumbra a venderles a los votantes utopías, esto con la intención de conseguir el favor electoral.
Pero en la práctica, en República Dominicana, desde su fundación en el 1844 se repite el viejo dicho del poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santayana que reza: “quien olvida su historia está condenado a repetirla”.
Por eso los partidos y gobernantes en estos nuevos tiempos de la era digital, se les hace imposible aplicar ese adagio, pues cualquier cibernauta pone en evidencia a estos con videos y fotos de la web, con los cuales demuestran que su propuesta de campaña es vacía, no tiene sentido.
Tenemos dos dirigentes en la oposición que gobernaron durante dos décadas, y en sus cinco periodos no pudieron solucionar los problemas nacionales, por el contrario fueron permisivos con la corrupción y otros males que acentuaron los niveles de pobreza, mientras que a un año de gestión de Abinader el país ha dado un giro significativo.
De ahí la pérdida de confianza de los votantes en los que desempeñan los cargos electivos y funciones estatales por designación.
Pero con las ejecuciones, en los primeros doce meses de gobierno de Abinader se muestran pruebas fehacientes de su interés en adecentar el ejercicio de la política y a su vez a los que desempeñan una función pública.
Nunca antes en la historia de nuestra nación se había visto a un gobernante desprenderse, desde el solio presidencial, del control y dominio absoluto de la justicia, sin embargo, el presidente lo ha hecho.
Hoy el mandatario reitera su posición de cual debe ser el presente y futuro del tren judicial, el mejor ejemplo son los operativos que se llevan a cabo sin la intervención del ejecutivo.
El presidente ha permitido que sin importar banderas política el Ministerio Público actúe sin intervención de palacio, esa acción como dominicanos tenemos que valorarlo en su justa dimensión.
Para muestra basta un botón: Ejecución de los operativos denominados Falcón, trece, Anti-Pulpo, Coral, Caracol y Medusa, fueron apresados altos funcionarios y suplidores ligados a presuntos actos ilícitos y por alegadamente dilapidar miles de millones de pesos en perjuicio del Estado.
Hoy las mafias organizadas saben que si la hacen, la pagan, pues no cuentan con ningún tipo de protección, al menos del mandatario, que ejemplifica con sus acciones la búsqueda de la transparencia y el cumplimiento de lo establecido en nuestra constitución.
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