Editorial periódico Camino
La mejor manera de decir, es hacer. Las palabras conmueven, pero es el ejemplo el que motiva a seguir la conducta de quienes las pronuncian.
Esta verdad meridiana la han olvidado los funcionarios públicos que están pisoteando la Ley 314-4 que los obliga a presentar su Declaración Jurada de Bienes.
Hay que rogarles, darles nuevos plazos y hacerles constantes llamados para que la hagan. Se creen ciudadanos especiales, con licencia para burlarse de los demás, y duele ver que no haya consecuencia para ellos.
Lo preocupante es que esta práctica se ha convertido en una rutina, provocando una herida profunda a la democracia, porque no declarar los bienes que tiene un senador, diputado, alcalde y otros servidores públicos se presta para huir de la transparencia que deben mostrar cada persona que recibe y administra fondos públicos. Solo la debilidad institucional que padecemos admite esta transgresión a la Ley.
Nos preocupa que un importante sector de la clase política parece no darse cuenta que con esta forma de actuar su credibilidad ante la población disminuye cada día.
Les hacemos un llamado para que no continúen viviendo de espalda a los deseos profundos de un pueblo que aspira tener administradores pulcros, transparentes y apegados a las leyes.
Si de verdad desean servir a sus comunidades no tengan temor de mostrar los bienes que poseen antes y después de salir del cargo.
No les pongan obstáculos al camino de la transparencia. Ocultar datos y no cumplir a tiempo lo que exige la Ley es abrirle espacios a la corrupción administrativa.
