¿Mano dura o mano blandita?

Por: Leydi Vásquez.- 

 

Durante mucho tiempo, una de las principales quejas de los ciudadanos ha sido la sensación de que el delincuente anda en las calles con más libertad que quien intenta vivir de manera honesta. Atracos, robos, asaltos y hechos violentos han generado un reclamo constante de mayor presencia y firmeza por parte de las autoridades.

En los últimos días, sin embargo, el mensaje de la Policía Nacional ha cambiado de tono: si quienes tienen órdenes de arresto no se entregan, las autoridades irán por ellos.

Y esa frase, aunque puede sonar contundente, refleja algo que durante años una parte importante de la sociedad ha reclamado: que el Estado recupere el control de las calles y que quien delinque entienda que sus acciones tendrán consecuencias.

Los números recientes muestran una ofensiva policial mucho más intensa. La Policía informó que, hasta el 25 de septiembre, había ejecutado 1,351 de las 1,551 órdenes de arresto emitidas durante el mes, además de realizar cientos de allanamientos y ocupar armas de fuego. También reportó una reducción de 40.5 % en los robos respecto al mismo período de 2025.

Pero hay otro dato que inevitablemente genera debate y es que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Manuel María Mercedes, cuestionó los llamados “intercambios de disparos” y afirmó que esa práctica “nunca ha sido efectiva para combatir la delincuencia”. También planteó que el problema requiere políticas públicas de seguridad y no simplemente este tipo de respuesta policial.

Mientras tanto, la Policía está defendiendo una línea mucho más firme. Su director general de la policia  Ernesto Rodríguez García, ha dicho que quienes tengan asuntos pendientes con la justicia deben entregarse y que, de no hacerlo, continuarán siendo perseguidos; además, sostiene que la institución actuará respetando los derechos humanos y los protocolos de uso proporcional de la fuerza.

En el argot de la calle, cuando un delincuente muere durante un supuesto enfrentamiento con agentes, se habla de que fue puesto “en 29”. Y en septiembre esta expresión ha vuelto a ocupar titulares, después de que varios hombres señalados por las autoridades como presuntos delincuentes murieran durante operaciones policiales. Solo en menos de 24 horas, siete personas murieron en hechos que la Policía describió como enfrentamientos.

Aquí es donde el debate debe hacerse con responsabilidad.

Una cosa es exigirle a la Policía que persiga al delincuente, que enfrente a quienes disparan contra agentes y que no permita que personas con órdenes de arresto continúen haciendo vida normal en las calles. Y otra muy distinta sería entender que la llamada “mano dura” significa que cualquier actuación policial queda automáticamente justificada.

La autoridad tiene que ser firme, pero también tiene que estar sometida a la ley.

Porque el ciudadano quiere seguridad, pero también quiere tener la certeza de que la fuerza pública actuará con profesionalidad, proporcionalidad y respeto al debido proceso. De hecho, el debate ya ha provocado pronunciamientos de sectores que cuestionan las circunstancias de algunas de estas muertes y reclaman investigaciones sobre los denominados intercambios de disparos.

El desafío, entonces, no consiste simplemente en poner más personas “en 29”. El verdadero desafío es conseguir que el delincuente entienda que el estado tiene la capacidad de encontrarlo, apresarlo y llevarlo ante la Justicia antes de que vuelva a hacer daño.

Porque una sociedad segura no se construye solamente con policías persiguiendo delincuentes después de que cometen un crimen. Se construye con inteligencia policial, prevención, investigación, órdenes de arresto ejecutadas, justicia funcionando y una Policía suficientemente equipada y preparada para enfrentar a quienes desafían la autoridad.

La ciudadanía quiere una Policía que se haga respetar. Quiere agentes que no retrocedan ante quienes utilizan armas para sembrar el miedo. Quiere que el ciudadano trabajador pueda salir de su casa sin sentir que está a merced de cualquiera que decida asaltarlo.

Pero también quiere algo fundamental: que esa autoridad esté acompañada de reglas claras.

El mensaje tiene que ser claro: quien delinque será perseguido y llevado ante la Justicia. Y si enfrenta a los agentes con violencia, la respuesta policial tendrá que ajustarse a las circunstancias y a la ley.

Porque recuperar la autoridad en las calles es necesario. Pero recuperar la confianza de la ciudadanía también lo es.

Al final, el verdadero triunfo no debería medirse por cuántos terminaron “en 29”, sino por cuántos ciudadanos dejaron de tener miedo de salir a la calle.