Expertos en la materia valoran iniciativas tomadas por la institución y mencionan problemas que quedan por asumir
El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha llevado una activa agenda que abarca desde el rescate de los ríos hasta la recuperación de áreas protegidas, acciones que ha tenido que defender en el Tribunal Superior Administrativo.De ser dirigida por un médico, como lo es Bautista Rojas Gómez, esta institución rectora de las políticas ambientales, desde agosto del pasado año tiene por cabeza a un conocedor del sistema de justicia dominicano. Francisco Domínguez Brito se ha desempeñado como fiscal del Distrito, senador y fue procurador de la República hasta el año pasado.
Las iniciativas que ha emprendido en los últimos meses lo convierten en uno de los funcionarios más sonoros del gabinete presidencial de Danilo Medina. Y el hecho de que el Gobierno haya priorizado temas medioambientales evidenciados en declaratoria como el Cuatrienio del Agua y el Año del Desarrollo Agroforestal favorece la gestión de Domínguez Brito.
En octubre del pasado año, el Ministerio de Medio Ambiente emitió la resolución 13-2016 que prohíbe el desguace y el reciclaje de metales o de cualquier otro tipo en los ríos Ozama e Isabela, marcando así su línea de acción.
La medida significó un duro golpe para aquellos empresarios dedicados a la reparación y desguace de embarcaciones que venían de otros países.
La acción se enmarca en el cumplimiento del decreto 260-14 que declara prioridad nacional la rehabilitación, saneamiento, preservación y uso sostenible de la cuenca alta, media y baja de los ríos Ozama e Isabela. El retiro de las embarcaciones ha sido una labor conjunta entre Medio Ambiente, la Autoridad Portuaria y la Armada Dominicana, entidades que han retirado 15 embarcaciones de las 22 que estaban en las márgenes de los ríos al momento de emitirse la resolución 013-2016.
En respuesta, la empresa Metales Antillanos, especializada en el reciclaje de metales y reparación de embarcaciones de pequeño, mediano y gran calado que opera en la margen occidental del río Isabela, interpuso un recurso de amparo ante la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA).
Otra resolución debatida en ese tribunal fue la 14-2016 que prohíbe las actividades agropecuarias en Valle Nuevo y ordena el retiro de cultivos y el desmonte de las infraestructuras y equipos dentro del parque nacional. La solicitud de medida cautelar interpuesta por Granja Mora, Flores Purama, Flores Antillanas, que buscaba la suspensión de los efectos de dicha resolución fue rechazada y Medio Ambiente continuó con su plan de rescate que contempla el desalojo de 409 productores y el retiro de jornaleros extranjeros.
Ahora, la institución se propone ir tras el rescate del Parque Nacional Los Haitises; para ello dispuso el retiro de los cultivos ubicados dentro de los límites del área protegida en un plazo de cuatro a diez meses y también la ubicación de tierras para reubicar las actividades productivas.
Otro tema espinoso que hizo frente el Ministerio de Medio Ambiente es el conflicto entre los ayuntamientos del Gran Santo Domingo y Lajún Corporation, empresa que administra el vertedero Duquesa. En esta situación que ha comprometido la salud de la población capitalina, Domínguez Brito desempeña el papel de árbitro. El funcionario logró un acercamiento entre los administradores del vertedero y los cabildos, quienes acordaron la conformación de una comisión que presentará una propuesta del precio a pagar por tonelada de basura vertida en Duquesa. Pese al acuerdo pactado el pasado 23 de marzo en el despacho del ministro de Medio Ambiente, los impasses continuaron, por lo que la institución medioambiental dispuso la intervención de agentes del Servicio Nacional de Protección Ambiental para garantizar el vertido de los desechos sólidos en Duquesa.
Medio Ambiente también ha trabajado en la recopilación de documentos acerca de la titularidad de los terrenos del vertedero, inmueble que se atribuye la empresa Lajún Corporation, operaciones cuestionadas por la Alcaldía de Santo Domingo Norte, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y representantes de la Cámara de Diputados.
Expertos en temas medioambientales de la estirpe del geólogo Osiris de León y el coordinador de la comisión técnica de la Academia de Ciencia de la República Dominicana, Luis Carvajal, valoran la gestión de Domínguez Brito y señalan los retos que quedan por asumir.
“En el Ministerio de Medio Ambiente no siempre se entendieron de manera correcta lo que debían ser las políticas ambientales y por eso no tomaron las medidas de lugar”, destacó Osiris. Sostuvo que estamos frente a una administración que trabaja de cerca con la Presidencia y cuyas acciones están en consonancia.
No obstante, indicó que la institución deberá encarar temas forestales, enfrentar empresas que vierten sus desechos en los ríos, playas y cañadas así como la construcción de un relleno sanitario. El éxito que hasta el momento ha acompañado la gestión de Domínguez de acuerdo con el ambientalista Luis Carvajal, radica en que el funcionario es un hombre que escucha y tiene una vocación para intervenir. Sin embargo, consideró que su buen manejo se puede ver afectado por la imposibilidad del Estado de asumir la dimensión social y la descentralización de los fondos publicos.
Sanciones a poderosas empresas y otras acciones
La institución ambiental sacó su látigo contra aquellas empresas que considera causan daño al medioambiente. Recientemente impuso una sanción de 16 millones de pesos a la empresa que maneja Duquesa por violación a la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales 64-00. También suspendió la renovación de la licencia ambiental a la empresa Seaboard y le ordenó retirar su barcaza, ubicada en la margen oeste del río Ozama. La planta debe ser reubicada en un plazo de seis meses, posterior a la fecha de vencimiento de su licencia que es el 21 de marzo del 2018. Además prohibió la importación y producción de sustancias que agredan la capa de ozono.
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