Mientras el Gobierno define medidas contra trabajo forzoso, el sector privado señala preocupaciones

Sin titubeos, el presidente de la República Luis Abinader alineó la estrategia comercial dominicana con la estadounidense y emitió el Decreto 502-26 para prohibir la entrada de mercancías producto del trabajo forzoso al territorio dominicano. La medida tiene a las dependencias del Estado formulando cómo llevarla realmente a la práctica, en medio de un sector privado que aboga por mantener la competitividad y pide por seguridad jurídica.

El decreto, publicado apenas unas horas antes de la entrada en vigor de los nuevos aranceles impuestos por Donald Trump a 60 países –con una tasa de 12.5 % en el caso dominicano– ordena a las aduanas dominicanas a establecer un procedimiento que determine cuáles productos han sido fruto del trabajo forzoso “en cualquier etapa de la cadena de suministros” y establecer un registro de mercancías restringidas.

Además, esta institución deberá sustentarse en una evaluación técnica a cargo del Ministerio de Trabajo, que compruebe que las mercancías realmente fueron elaboradas mediante estas prácticas antes de tomar cualquier decisión que frene su ingreso al país.

Aún bajo análisis

Diario Libre consultó a la Dirección General de Aduanas (DGA) para saber cómo se realizará esta verificación sin depender solo de los informes o denuncias realizadas por terceros y organismos internacionales como lo establece el documento, así como si la medida requerirá de cambios operativos; pero, no obtuvo una respuesta al cierre de esta entrega informativa.

“El Ministerio de Trabajo está evaluando técnica y operativamente el alcance del Decreto 502-26, con el objetivo de garantizar una implementación eficaz y rigurosa”, se limitó a responder el titular de esta institución, Eddy Olivares, al respecto.

 

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