Mientras Ministerio descarta explotación minera en Cordillera Septentrional, comunidades protestan por exploración

Mientras el Ministerio de Energía y Minas asegura que no existe ningún plan de explotación minera en la Cordillera Septentrional, organizaciones sociales, ambientales y religiosas marcharon este miércoles en Santiago en rechazo a las concesiones de exploración otorgadas en la zona.

Santiago, RD, – La concesión de permisos para la exploración minera en la Cordillera Septentrional ha reavivado el debate nacional sobre el modelo de desarrollo, la protección de los recursos naturales y la seguridad de las comunidades rurales. Este miércoles, Santiago de los Caballeros fue escenario de una marcha vehicular encabezada por organizaciones comunitarias, ambientales y religiosas, que expresaron su rechazo a cualquier actividad minera en estas montañas.

La movilización fue liderada por el sacerdote Ramón “Nino” Ramos, quien afirmó que la protesta no se dirige contra el Gobierno ni contra instituciones específicas, sino en defensa de la naturaleza, el agua y la vida de más de un centenar de comunidades que dependen directamente de la cordillera. Durante la marcha, los participantes recorrieron varias avenidas de la ciudad con pancartas y consignas en favor de la preservación ambiental.

El detonante de la protesta ha sido la existencia de concesiones de exploración minera otorgadas para la búsqueda de oro y otros minerales metálicos en zonas que abarcan territorios de Santiago y Puerto Plata, dentro de la Cordillera Septentrional. Dos de estos permisos corresponden a las empresas Proyecto Minero Gold Rain y Vertrixi Holding, cuyos trabajos de exploración iniciaron en marzo de 2024.

Ante la creciente preocupación social, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aclaró que el Estado dominicano no contempla ningún proceso de explotación minera en la Cordillera Septentrional. Explicó que lo que existe actualmente es una concesión de exploración, un procedimiento completamente distinto a la explotación, limitado a estudios geológicos, geofísicos y geoquímicos de carácter estrictamente científico.

Santos precisó que los procesos de exploración no implican compromiso alguno de avanzar hacia la explotación de minerales y que esta última solo puede realizarse mediante un contrato aprobado por el presidente de la República. “Este gobierno y estas autoridades no tienen ningún plan de explotación en la Cordillera Septentrional”, reiteró el funcionario, subrayando que la concesión vigente fue otorgada en julio de 2024, durante una gestión ministerial anterior.

No obstante, los manifestantes sostienen que la experiencia histórica en el país demuestra que la exploración suele convertirse en el primer paso hacia la explotación minera. El padre Nino advirtió que, de concretarse proyectos extractivos, las comunidades rurales enfrentarían la destrucción de conucos, la pérdida de cobertura boscosa, el envenenamiento de fuentes de agua y el desplazamiento de familias enteras.

Durante su intervención, el sacerdote destacó que en la Cordillera Septentrional existen cerca de 300 fuentes hídricas que abastecen aproximadamente el 90 % del agua que consume la provincia de Puerto Plata y parte de Santiago, además de garantizar el sustento de más de 100 comunidades agrícolas. “No es el oro lo que nos da la vida, es el agua y la naturaleza”, expresó.

La protesta en Santiago se enmarca en un contexto nacional más amplio. Datos de la Dirección General de Minería indican que en República Dominicana existen 38 permisos de exploración minera distribuidos en 17 provincias, con una extensión que supera los 127 millones de hectáreas, destinados a la búsqueda de oro, plata, cobre y otros minerales metálicos.

Este panorama ha generado un creciente debate público sobre la necesidad de fortalecer los controles ambientales, garantizar la transparencia en la concesión de permisos y evitar tragedias asociadas a operaciones mineras mal reguladas, como las ocurridas recientemente en minas de agregados en Puerto Plata y San Cristóbal, donde varios trabajadores perdieron la vida tras derrumbes.

Las organizaciones convocantes anunciaron que esta movilización es solo el inicio de un proceso de articulación nacional. Llamaron a comunidades del sur y del noroeste del país a unirse en defensa de las cordilleras Septentrional y Central, y adelantaron la realización de una segunda marcha en febrero, con el objetivo de mantener el tema en la agenda pública.

Mientras tanto, el Gobierno insiste en que no habrá explotación minera sin los debidos estudios, permisos y aprobación presidencial, y que cualquier decisión deberá respetar la ley y el interés nacional. El debate, sin embargo, sigue abierto, marcado por la desconfianza de las comunidades y la demanda de mayores garantías para la protección del medio ambiente.