El ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, explicó ayer que el aumento del déficit energético tras el alza de los precios internacionales del carbón y otros combustibles afectó las inversiones necesarias para mejorar el equipamiento de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDE).
“Sólo en 2022 la factura de compra de energía de las distribuidoras excedió en 813 millones de dólares lo que se había gastado con la misma cantidad de energía en el 2021 y en años anteriores”, puntualizó.
Esta cifra resultó 72 millones de dólares mayor al déficit de 741 millones de dólares con que cerró el 2021, cuando el gobierno estimaba que culminaría en 500 millones de dólares, una meta que se vio frustrada “con la subida inesperada de los precios de los combustibles”.
“Estos eventos imposibilitaron que el gobierno pudiera hacer el pago de las transferencias de los subsidios y, al mismo tiempo, la inversión de centenares de millones de dólares en capex (gasto de capital) para el equipamiento adecuado de las empresas distribuidoras”, manifestó.
Durante su alocución en la conferencia “Transición energética: desafíos y oportunidades”, para la Cámara Americana de Comercio (AmchamDR), el funcionario identificó a los déficits de las generadoras como uno de los principales desafíos para alcanzar la transición energética.
Facturas de Punta Catalina también se incrementaron
Para el ministro de Energía y Minas, los años 2021 y 2022 “pusieron dolorosamente en evidencia” la dependencia de los combustibles fósiles.
Puso como ejemplo el aumento de las facturas de energía en la Central Termoeléctrica Punta Catalina por el aumento de los precios del carbón, que pasaron de costar 70 dólares su tonelada métrica en agosto del 2020 hasta 400 dólares para junio del 2022.
Dijo que Punta Catalina consume 5,400 toneladas métricas de carbón al día, por lo que la factura de un mes pasó a estar a 11.3 millones de dólares en agosto de 2020 a llegar hasta los 64.8 millones de dólares en junio de 2022.
“La razón básica fue que en agosto del 2020 estábamos todavía afectados por la pandemia, y el gobierno se propuso la recuperación de la actividad económica. Esto no podía lograrse en medio de apagones, solamente abasteciendo 80-85 % de la demanda”, señaló.
Sostuvo que esa decisión, tomada en el 2020, “no se imaginaba” la crisis de los combustibles del 2021 y mucho menos la guerra de Ucrania en el 2022.
“El gobierno, que tenía que hacer frente a otros subsidios por la situación inflacionaria general no pudo hacer, en su tiempo, las inversiones que se requerían”, reconoció.
Sin embargo, explicó que el compromiso asumido con la sociedad dominicana es el de abastecer del 98 al 99 % de la demanda, pasando a gestionar la oferta, “en un relacionamiento con los generadores que garantice todos los elementos que necesita para mantener sus unidades en línea”.
Sin embargo, precisió que esto exceptúa a las localidades donde hayan averías, o las circunstancias en las que estas se produzcan.
Retos de la transición energética
Almonte destacó que el principal desafío de la transición energética hacia un modelo de generación más sostenible, eficiente y resiliente en el tiempo depende de garantizar la seguridad en el suministro.
Sostuvo que esto se dificulta porque República Dominicana carece de una logística para almacenar combustibles fosiles por mucho tiempo, (de tan sólo pocos días), de los cuales depende en más de un 80 % para satisfacer sus necesidades energéticas en sectores como el eléctrico, el transporte y la industria.
En su alocución detalló que, al desafío de una alta dependencia de las importaciones, se le suma una baja capacidad hídrica y la falta de interconexiones eléctricas con otros países.
Dijo que, en ese sentido, las acciones de gobierno se están encaminando a un programa de licitaciones para la adición de tecnología convencional al sistema.
Asimismo, se contempla la inclusión de 800 megavatios adicionales de gas natural y el incremento de las energías renovables, de los cuales ya hay 17 nuevos proyectos en construcción a nivel nacional.
El gobierno aspira a una modernización del parque energético con más diversificación de la matriz mientras genera menos emisiones de carbono, así como la reducción de los costos operativos y un incremento, entre un 15 % a un 20 %, de las reservas frías.