Nueva ley en Venezuela castiga con 30 años de cárcel respaldo a sanciones internacionales

La pena máxima de 30 años de prisión e inhabilitaciones prácticamente vitalicias para ejercer cargos públicos: el Parlamento de Venezuela, controlado por el chavismo gobernante, aprobó este jueves una ley para castigar el respaldo a sanciones internacionales contra el país.

La nueva legislación coincide con recrudecidas tensiones por la reelección del presidente Nicolás Maduro para un tercer mandato (2024-2030), denunciada como un fraude por la oposición, que reclama un triunfo del candidato Edmundo González Urrutia en los comicios del pasado 28 de julio.

“Toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde o participe en la adopción de medidas coercitivas (…) será sancionada con prisión de 25 a 30 años”, recoge uno de los artículos de la ley, aprobada por la Asamblea Nacional en respuesta a una iniciativa en el Congreso de Estados Unidos que plantea reforzar sanciones.

Se estipula en esos casos multas equivalentes de entre 100,000 y un millón de dólares, así como hasta 60 años de inhabilitación.

La legislación castiga con idénticas penas a “toda persona que promueva, instigue, solicite, invoque, favorezca, facilite, respalde, financie o participe en acciones armadas o de fuerza” contra el país caribeño.

Los acusados de impulsar sanciones extranjeras, agrega la ley, podrán ser juzgados en ausencia en caso de negarse a acudir a las audiencias.

Venezuela y altos funcionarios del gobierno de Maduro han sido sancionados en los últimos años por Estados Unidos y la Unión Europea, acusados de irregularidades en procesos electorales y violaciones de derechos humanos. Washington reconoció como “presidente electo” a González Urrutia, exiliado en España tras una orden de arresto emitida en su contra por las autoridades.

 

 

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