Los fiscales del equipo especial del caso Lava Jato en Perú, Rafael Vela y José Domingo Pérez, firmaron este viernes en Brasil un acuerdo de colaboración con la constructora brasileña Odebrecht, que se comprometió a pagar 610 millones de soles (unos 182 millones de dólares) al erario de ese país.
Según Vela, con la firma del acuerdo el equipo de fiscales “cumplió con el deber” y ha “culminado una exitosa negociación que va a permitir que el sistema de justicia” peruano acceda a informaciones “muy valiosas” sobre “graves delitos” cometidos en el país.
Tras la firma del acuerdo, en la que estuvieron presentes además los procuradores peruanos Jorge Ramírez y Silvana Carrión y representantes de Odebrecht, entre ellos el exdirector de la empresa Jorge Barata, el equipo de fiscales realizará una serie de diligencias en la sureña ciudad de Curitiba, que se extenderá hasta marzo.
Vela explicó que Odebrecht deberá pagar además los intereses legales añadidos sobre el valor acordado, que podrían ascender a los 150 millones de soles (unos 45 millones de dólares) y que la suma total deberá ser abonada a lo largo de 15 años.
Añadió que se trata “de un convenio de culpabilidad” cuyas exigencias “están definidas por la obligatoriedad de la entrega de toda información requerida” a la Fiscalía peruana.
“El acuerdo tiene un carácter progresivo y permanente, y Odebrecht ha asumido la obligación de colaborar en todo lo que los fiscales peruanos requieran”, recalcó Vela.
Por su parte, el procurador Jorge Ramírez subrayó que otro punto clave del acuerdo es que, a cambio de que pueda presentarse en licitaciones públicas, Odebrecht deberá pagar aún en 2019 “todos los impuestos vigentes hasta la fecha”, que suman unos 450 millones de soles (135 millones de dólares).
“Es decir, este año estaría entrando al tesoro público (de Perú), 450 millones de soles (135 millones de dólares) más 80 millones (24 millones de dólares) que corresponden a la primera cuota de la reparación civil a pagarse”, sostuvo Ramírez.
La firma de dicho acuerdo abre un nuevo capítulo en las investigaciones de la Operación Lava Jato, ya que aportará “valiosas informaciones” sobre los presuntos sobornos pagados por Odebrecht a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014 para adjudicarse cuatro proyectos de infraestructura durante los Gobiernos de cuatro expresidentes de ese país, además de la líder de la oposición Keiko Fujimori.