Rep. Dom. -La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, declaró hoy que al parecer se esfumaron el dinero y las armas ocupadas en 2010 como parte de la investigación realizada por ella con relación al fraude por más de 100 millones de pesos, lavado de activos y tráfico de armas de fuego cometido en la oficina de Santiago de la Dirección General de Aduanas (DGA), por cuyo caso tres de los imputados fueron condenados el martes a 8, 5 y 2 años de cárcel y otros tres dejados libre de cargos.
Conforme a las declaraciones de Reynoso, en la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Santiago, se condena al cómplice y se descarga a los autores del hecho.
También advirtió que la sentencia tiene serios defectos jurídicos y que, al parecer, los cientos de miles de dólares y las armas de alto calibre que se ocuparon y que no fueron declaradas, llegaron al país por “telepatía” y que quizás seis años después muchos han olvidado los detalles, pero ella no.
“Parece que los cientos de miles de dólares y armas de alto calibre que se ocuparon, que no fueron declaradas, llegaron por telepatía al país. Seis años después quizás muchos han olvidado los detalles, yo nunca lo olvidaré”, dice Reynoso en una publicación hecha a través de su cuenta de Twitter.
“La decisión del caso de Aduanas tiene serios defectos jurídicos. El retiro del querellante es irrelevante para una sanción penal en un caso de acción pública. Se condena al cómplice y se descarga a los autores”, manifestó Reynoso, quien en 2010 se desempeñaba como fiscal titular de Santiago.
En su sentencia del martes 13, El Segundo Tribunal Colegiado de la Cámara Penal de Santiago absolvió a tres personas, de de seis que estaban acusadas de fraude, lavado de activos y tráfico de armas de fuego en perjuicio de la DGA, mientras que para otros tres impuso penas de 8, 5 y 2 años de reclusión a ser cumplidos en la cárcel Rafey-Hombres.
Los liberados fueron Héctor Manuel García Ortega, Herald Estévez Peña y Miguel de Jesús Lazala, en tanto que los jueces del tribunal sancionaron con ocho años de reclusión a José Rafael Marte, con cinco a Gilbrand Abukarma Martínez y dos años para Adalberto de la Rosa Rosario, los dos primeros por lavado de activos y actividades ilícitas provenientes de recursos del narcotráfico. De la Rosa Rosario fue condenado por el porte ilegal de arma de fuego.
Durante la audiencia, los jueces del tribunal criticaron a la DGA, ya que no colaboró para establecer las sanciones a las personas involucradas.
A los prevenidos, en su mayoría exempleados de Aduanas, se les acusaba de haber permitido la salida de varios furgones con mercancías sin la correspondiente verificación.
Asimismo, fueron imputados por poseer armas de fuego y municiones ilegales encontradas en allanamientos.
En 2010, las autoridades judiciales declararon que el fraude contra Aduanas rondaba los $100 millones.
Por el hecho también fueron investigados empresarios que supuestamente sobornaron a empleados aduanales para evadir impuestos, dijo en esa ocasión la entonces fiscal de Santiago, Berenice Reynoso.
En esa ocasión, fueron requeridos por la fiscal, Santiago Felipe, colector de Aduanas del Aeropuerto Internacional del Cibao; Adalberto Rosa, hijo del entonces diputado del PLD y director del Instituto Nacional del Tabaco (Intabaco) que lleva el mismo nombre; Miguel Ángel Lazala y otro empleado conocido solo como Gerard.
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