La entidad de la sociedad civil Participación Ciudadana (PC) califica como una derrota a la lucha contra la corrupción la sentencia de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que absuelve a los dos únicos imputados que quedaban en uno de los casos más grande de desfalco en el país, que trascendió fronteras y que llena de vergüenza a los dominicanos ante la comunidad nacional e internacional.
Afirma que establecer la “inexistencia” de los sobornos hiere la sensibilidad de la ciudadanía ante hechos tan graves como los confesados por la propia Odebrecht.
Respondió que lo ocurrido en el caso Odebrecht demuestra la urgencia de una reforma profunda en el sistema de justicia de República Dominicana, sobre todo, de un Ministerio Público independiente, que no responsa al Poder Ejecutivo. No obstante, señala que la derrota en la lucha contra la corrupción en vez de desalentar los esfuerzos debe obligar a redoblar los esfuerzos, teniendo como objetivo en lo adelante los cuatro casos de corrupción administrativa que se manejan en los tribunales en estos momentos, como son: Anti-pulpo, Coral y Coral 5G, Medusa y Calamar, que, distintos al de Odebrecht, presentan una sobre abundancia de pruebas.
En rueda de prensa, PC indicó que a pesar de las ligeras mejorías del país en materia de corrupción en los últimos años, el sistema de justicia ha fracasado una vez más en su lucha por reducir la impunidad con la sentencia citada que deja libre al ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y al empresario Ángel Rondón.
En rueda prensa encabezada por su coordinador Erik Hernández, así como por los pasados coordinadores, Francisco Álvarez, Joseph Abreu, Lucy Sánchez y Leidy Abreu, la institución deplora que ante un caso de soborno confesado por el sobornante, no habrá nadie cumpliendo la sanción de rigor.
Considera que la mayor cuota de responsabilidad la lleva el Ministerio Público (MP), tras recordar que fue advertido en el 2017 por Miriam Germán Brito del déficit probatorio de este caso, pero no realizó ningún esfuerzo para subsanarlo, y por el contrario se negó a ir a Brasil a interrogar a los principales ejecutivos de Odebrecht a pesar de estar judicialmente habilitado para ello por el Juez de la Instrucción del caso.
“Pues era evidente que obtendría los nombres de los sobornados, que estaban protegidos , pero que comprometerían a importantes funcionarios públicos, incluyendo legisladores y otros cercanos al procurador general de la República de entonces”, apunta.
Aseguró que es importante que quede claro que los sobornos existieron y no habrá sentencia que pueda decir lo contrario, pues fue reconocido por Odebrecht en el acuerdo que suscribió con el MP donde se comprometió a devolver el duplo de los 92 millones de dólares admitido como soborno y a identificar a los sobornados, lo que no reclamó el MP.
Preocupa a PC el lenguaje de la Segunda Sala Penal de la SCJ cuando señala la “inexistencia” del crimen de soborno (4.43 y 4.42), cuando debió referirse a que, a pesar de la confesión del soborno, no se pudo identificar con pruebas a los sobornados.
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