Fueron trasladados desde “La carcelita” hasta el tribunal bajo fuertes medidas de seguridad
El órgano acusador solicita 18 meses de prisión preventiva contra los 20 imputados
Los 20 imputados en la Operación Calamar fueron trasladados desde “La carcelita” en el cuarto piso del Palacio de Justicia hasta la Sala de Audiencias del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional donde se celebrará la audiencia de conocimiento de medidas de coerción esta tarde.
Los imputados fueron llevados bajo fuerte medidas de seguridad, con casco protector, chalecos antibalas y sus rostros cubiertos con mascarillas.
La jueza Kenya Romero, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tiene previsto conocer la solicitud de imposición de medidas de coerción contra los imputados.
El Ministerio Público solicita 18 meses de prisión preventiva y declaratoria de proceso complejo.
Los implicados
Los exministros de Hacienda, Donald Guerrero, administrativo de la presidencia; José Ramón Peralta, de Obras Públicas Gonzalo Castillo son los principales imputados en este caso de supuesta corrupción administrativa.
También van frente a la jueza el excontralor general de la República, Daniel Omar Caamaño; el exdirector del Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Luis Miguel Piccirilo y el exdirector de Catastro Nacional, Claudio Silver Peña.
Asimismo, el exdirector de Casinos y Juego de Azar, Oscar Chalas Guerrero, el xdirector Juegos de Azar, Julián Omar Fernández, Roberto Santiago Moquete,
Agustín Mejía Ávila, Emil Dávila Fernández, Marcial Reyes,
De igual forma, Alejandro Constanzo, Yahaira Brito Encarnación, Ana Linda Fernández, Ángel Lockward, Aldo Antonio Gerbasi, Ramón David Hernández, Víctor Matías Encarnación y Rafael Parmenio Rodríguez Encarnación.
Acusaciones
A los imputados en Operación Calamar se les acusa de manera preliminar de “asociación de malhechores, desfalco, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos y privados, soborno y financiamiento ilícito de campaña a una escala sin precedente, lavado de activos, entre otros” que afectó a instituciones como el Ministerio de Hacienda, la Contraloría General de la República, el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), la Dirección General de Bienes Nacionales, la Dirección General de Catastro Nacional y la Oficina de Ingenieros Supervisores del Estado (Oisoe), entre otras.
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