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Presidente Abinader afirma “justicia no es venganza”

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El presidente Luis Abinader pidió ayer a sus funcionarios no hacer un circo de la persecución contra la corrupción, «porque la justicia no es venganza».

Les pido que no generemos un circo de la persecución, ni un espectáculo de la infamia arrastrándonos todos por el barro, porque la justicia no es venganza. Y no podemos por la respon-sabilidad de los cargos que ostentamos dividir al país, ni polarizarlo», indicó el mandatario en una misiva dirigida a los funcionarios de su Gobierno.

En la carta el jefe de Estado señaló que cuando prometió que «tendríamos una justicia independiente y autónoma lo hice con toda la convicción y hasta las últimas consecuencias. Yo no conocía ni conozco ningún detalle de las operaciones judiciales que están abiertas, ni de las que se pueden abrir en un futuro».

Ministerio Público investiga decenas de casos

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, dijo ayer jueves que el Ministerio Público investiga decenas de casos de posible corrupción.

“El Ministerio Público tiene decenas de investigaciones abiertas, y en base a esas investigaciones que están abiertas estamos citando personas; no (es) solo un caso, los casos que estamos investigando son varios, por eso estamos citando a varias personas, y en el futuro esperamos sacar también estos procesos y llevarlos a los tribunales”, dijo el funcionario a la prensa.

Camacho respondió así a una pregunta sobre la posibilidad de que se cite a declarar a la extitular de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, Yokasta Guzmán.

Con relación a la exdiputada Lucía Medina, hermana del expresidente Danilo Medina y supuesta beneficiaria de recursos del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper), del que su hermana Carmen Magalys era subdirectora, Camacho subrayó que “investigaremos a todo el que tenga relación con estos casos”.

El Ministerio Público apresó el pasado domingo a diez exfuncionarios del Gobierno de Danilo Medina, entre los que figuran Carmen Magalys y su hermano Alexis, y el exdirector general de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) Francisco Pagán, todos acusados de corrupción.

De acuerdo con la acusación, mediante el tráfico de influencias y las violaciones a múltiples leyes, los encartados en el caso crearon un millonario entramado societario que les permitió beneficiarse de los fondos de los contribuyentes, al recibir pagos de miles de millones de pesos del Estado, mediante operaciones ilegales en las que utilizaron a personas físicas y jurídicas.

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