Así lo informó el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, quien dijo que el grupo trabaja en el análisis exhaustivo del reporte del Poder Ejecutivo, con el fin de establecer en forma preliminar si en base a lo consignado en el mismo, existen infracciones de tipo penal en dichas transacciones.
Dijo que una vez completada esta encomienda, deberán rendirle un informe en un plazo máximo de 30 días hábiles y que en el marco del debido proceso y acorde a lo establecido en las leyes del país, procurarán llegar a la verdad.
Consideró que de determinarse que hubo acciones fraudulentas, procederán a preparar la acusación correspondiente para someter ante los tribunales a los responsables, sin importar de quien se trate, ni el cargo ocupado.
La evaluación está a cargo del abogado del Estado y procurador fiscal ante la Jurisdicción Inmobiliaria, Gedeón Platón Bautista Liriano; el director nacional de Persecución del Ministerio Público, Juan Amado Cedano, y Laura Guerrero Pelletier, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
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