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Reforma al Código Procesal Penal entrará en vigor esta semana

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El Poder Ejecutivo promulgó este domingo la Ley 97-25, que reforma el Código Procesal Penal dominicano. La nueva normativa cumple el mandato de la Sentencia TC 0765-24 del Tribunal Constitucional, que ordenaba sustituir la Ley 10-15, y busca modernizar el sistema penal, agilizar procesos y reforzar las garantías para todas las partes involucradas.

 

Según explicó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero, la reforma fortalece una parte sustancial de los 28 principios del proceso penal e integra criterios desarrollados por la jurisprudencia reciente.

En claves

  • La Ley 97-25 reforma el Código Procesal Penal y cumple la sentencia TC 0765-24.
  • Introduce mecanismos modernos: justicia restaurativa, acuerdos y suspensión condicional.
  • Fortalece defensa, plazos razonables y derechos desde la investigación inicial.
  • Fija topes a archivos provisionales y redefine medidas de coerción.
  • Entra en vigor el martes en el DN y el miércoles en el resto del país.

 

Uno de los puntos más relevantes es la ampliación de mecanismos modernos de resolución de conflictos: justicia restaurativa, criterios de oportunidad, acuerdos, conciliaciones, procedimientos abreviados y suspensión condicional del procedimiento, disponible ahora para delitos sancionados hasta con cinco años de prisión. Estos instrumentos buscan reducir la congestión procesal y promover soluciones oportunas.

La ley refuerza de manera significativa el derecho de defensa, al elevar principios fundamentales, ampliar plazos para presentar escritos, permitir más oportunidades de contraperitaje y activar las garantías del investigado desde los primeros actos procesales, como la citación o la inmovilización de fondos. Además, fija por primera vez un máximo de dos años para los archivos provisionales, que anteriormente carecían de límite temporal.

Cambios clave en coerción, plazos y apelaciones

En materia de medidas de coerción, la reforma establece reglas más estrictas sobre arrestos y órdenes de comparecencia, así como mayores exigencias de motivación judicial. Introduce, además, el criterio explícito de “plazo razonable” con topes de cuatro años para casos ordinarios y cinco para casos complejos, definiendo parámetros claros para el cómputo de estos plazos.

Otro punto de impacto es la eliminación del llamado “nuevo juicio” en la apelación penal. En su lugar, se otorga a las cortes facultades para instruir el proceso conforme a las reglas del juicio, asegurando así un doble grado de jurisdicción real y funcional. Esto responde a estándares modernos de tutela judicial efectiva.

La reforma también armoniza el Código Procesal Penal con el nuevo Código Penal, adecuándose a la nueva clasificación de infracciones. Según el Gobierno, esta transformación se suma a avances recientes como la Ley de Extinción de Dominio, para consolidar un sistema penal más moderno, humano y funcional.

La normativa será publicada en la Gaceta Oficial este lunes y entrará en vigor el martes en el Distrito Nacional y el miércoles en el resto del país.

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