Especialista Carlos Terrero afirma RD necesita un código humanista y garante derechos fundamentales
Ignacio GUERRERO
SANTIAGO. – Para el doctor Carlos Terrero, quien es especialista en derecho penal y doctor en medicina, “el clamor del pueblo no puede ser ignorado, por tanto, el Congreso Nacional está compelido a sancionar un código humanista, garantes de los derechos fundamentales y soporte de la democracia representativa y participativa”.
“Hoy hablo de un tema que no solo es jurídico, sino profundamente humano: el nuevo Código Penal. Y quiero hacerlo desde una convicción: la justicia penal no puede seguir siendo rehén del miedo, de los prejuicios o de los intereses particulares. El Código Penal debe ser un instrumento al servicio de la democracia, del respeto a los derechos fundamentales y del orden social justo”, precisó.
Y añadió “nuestra legislación penal vigente data de 1884. Es un código que nació en otra época, para otra sociedad, con otros desafíos. Aunque ha sido modificado en ocasiones, su estructura sigue anclada en el pasado. Y lo más grave: no tiene herramientas adecuadas para enfrentar los delitos de hoy, como la corrupción pública, la trata de personas, la violencia contra la mujer, los crímenes ambientales, los delitos tecnológicos y la criminalidad organizada”.
“Por eso, -proclamó- por más de 20 años hemos intentado reformarlo. Pero ese camino ha estado lleno de obstáculos. ¿Por qué? Porque hay quienes han preferido el cálculo político por encima del bien común. Porque hay sectores que no quieren ceder frente a temas sensibles como las tres causales del aborto o la penalización de la discriminación por orientación sexual. Y eso ha bloqueado un código que la ciudadanía clama”.
Pero más allá de esas diferencias legítimas, yo les pregunto: ¿acaso no merecemos un Código Penal moderno que castigue con firmeza al corrupto, que proteja a la víctima de feminicidio, que sancione el crimen cibernético y que ponga límites reales al poder arbitrario?
Como dominicanos, no podemos seguir postergando una reforma vital. Y como dirigente político, quiero dejar claro que la justicia penal no es venganza, es defensa del derecho. Es una forma civilizada de resolver los conflictos más graves que afectan a la convivencia. Como bien señala la doctrina penal moderna, el derecho penal debe ser la última ratio, pero también la más firme cuando se trata de proteger a los más vulnerables.
Los organismos internacionales —como la ONU, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y la Comisión Internacional de Juristas— han sido claros: el Código Penal debe estar alineado con los principios de legalidad, proporcionalidad, respeto a la dignidad humana y garantía del debido proceso. No podemos legislar bajo el impulso del castigo fácil o del populismo penal. Debemos legislar con responsabilidad.
Ejemplos sobran. Colombia reformó su Código Penal en el año 2000 con base en principios constitucionales y de derechos humanos. Chile y Costa Rica han hecho lo propio, incorporando delitos modernos y respetando estándares internacionales. No se trata de copiar modelos, sino de comprender que ya estamos tarde.
“En ese sentido, yo respaldo una reforma penal integral, sin exclusiones ni improvisaciones. Una reforma que unifique al país, que respete nuestras creencias, pero que no niegue derechos. Que defienda la vida, pero también la justicia. Que enfrente el delito, pero sin abandonar los derechos humanos”, aseguró.
“Como ha dicho el gran jurista Luigi Ferrajoli: “El derecho penal debe ser el escudo del débil, no el arma del poder.” Y en eso creo profundamente. Por eso, hago un llamado respetuoso a mis colegas congresistas, a los líderes sociales, religiosos y empresariales: pongamos fin a esta deuda histórica. Démosle al país un Código Penal digno del siglo XXI.
“Mi compromiso es con la justicia, con el derecho y con la República Dominicana. Muchísimas gracias”, subrayó Terrero..
