Sindicalista aboga por ajustar tope de sueldos que no pagan impuesto sobre la renta

Uno de los temas en la agenda de los representantes de la clase trabajadora es el ajuste de los sueldos tope que están exentos del pago de impuestos sobre la renta (ISR), para que los empleados que alcance a cobrar entre el rango de los 34,685 pesos por reajuste de salarios por inflación no se les descuente el ISR. El tema fiscal se suma a la demanda de aumento de un 30 % de los sueldos por los índices de inflación en el país.

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael –Pepe- Abreu, explicó ayer que muchos empleados que no pagan el impuesto sobre la renta por devengar menos de 34,000 pesos, se podrían ver afectados si en los planteamientos del ajuste de los sueldos no se evalúa el tema fiscal.

“No estamos en nada si se logran los aumentos y la clase laboral termina siendo gravada con una proporción que es mínima para los empleadores y para el Estado, pero representa un déficit para el trabajador”, explicó a Diario Libre el dirigente sindical.

El impuesto sobre la renta grava todo ingreso, utilidad o beneficio, obtenido por personas físicas, sociedades y sucesiones indivisas, en un período fiscal determinado, es decir, que quienes trabajan y ganan más de 34,685 pesos al mes son entes de retención y su empleador le estará descontando un monto mensual por concepto de ISR.

La última vez que se ajustó el tope de los salarios que no pagan impuestos fue en 2016, luego de que se aprobará la Ley 253-12, de fecha 9 de noviembre de 2012 durante el primer periodo de gobierno del expresidente Danilo Medina. “Un retroceso que continúa permeando el escenario para los ajustes salariales en el país”, consideró Abreu.

Seis años sin revisar

Precisó que ya han pasado seis años desde la última revisión de ese capítulo en los temas tributarios. En ese sentido, el representante sindical detalló que la confederación ha tratado de exponer el tema y sus consecuencias en la economía de los asalariados con los diferentes representantes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).

En una carta de solicitud de aprobación de la aplicación del artículo 296 del Código Tributario, enviada al ministro de Administración Pública, Darío Castillo, la central sindical explica que los empleados están siendo obligados a pagar un impuesto sobre la renta con salarios que se ubican por debajo del costo de la canasta básica de bienes y servicios.

“Le solicitamos que para el Presupuesto de 2023 no se suspenda la aplicación del artículo 296 de la Ley 11-92, ya que se trata de una importante conquista de la clase trabajadora que ha sido mediatizada en base a un artificio legal improcedente”, dice el documento enviado el 31 de agosto de este 2022.

El objetivo de la comunicación era poder adelantar un proceso “necesario” para el tema del pacto social para el ajuste de los salarios que ha estado desarrollando durante los últimos meses del corriente año, adelantado por una propuesta del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) para ajustar de manera voluntaria los salarios por la inflación.

Abreu informó que la última reunión para conversar sobre el tema de los ajustes en los salarios por el aumento en los precios de productos y servicios de la canasta básica familiar fue la semana pasada, entre el día 5 y 9 de diciembre.

“El encuentro se llevó a cabo entre el ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps, y representantes de la confederación sindical”, explicó, al tiempo que comentó que los empresarios hicieron un anuncio público que no están honrando.

Debido a las fechas festivas correspondientes a diciembre, será para enero del 2023 cuando se continúen las conversaciones sobre los ajustes de los salarios, fecha en la que se espera llegar a un acuerdo justo que eleve la calidad de vida de los trabajadores, comentó Abreu.

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