Sindicalista dice que empleados están en un “limbo” por cierre de comercios chinos

El presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical (CNUS), Rafael (Pepe) Abreu, hizo un llamado al gobierno dominicano a tomar medidas rápidas ante el “limbo” en el que han quedado los empleados de los comercios chinos cerrados en operativo de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Dirección General de Aduanas (DGA).

Al ser consultado por Diario Libre, Abreu manifestó que aún no tiene estadísticas de los empleados que han quedado sin trabajo debido al cierre de más de 10 tiendas, en su mayoría de propietarios asiáticos, en Santo Domingo y Santiago, por haber incurrido en la violación de varios artículos del Código Tributario.

Entre los delitos detectados están la no emisión de facturas con comprobante fiscal, la no existencia de soluciones fiscales y el ocultamiento de información en las declaraciones juradas de las empresas que tendían a presentar un ingreso por debajo al realmente percibido.

La DGII cerró hoy otros dos negocios de chinos en la avenida Duarte
El sindicalista dijo que estos trabajadores “no están ni desahuciados ni laborando actualmente”, porque hasta que no aclaren la situación con la DGII, quedan temporalmente suspendidos.

“Hemos conversado con las autoridades del Ministerio de Trabajo, sobre el tema, pero aún no tienen respuesta. Dada esta circunstancia, algunos empleados piden liquidación, pero hasta el momento no le corresponde ya que no se sabe el estatus del establecimiento”, dijo.
¿Pueden reabrir o declararse en banca rota?
De acuerdo al presidente del CNUS, la quiebra es un procedimiento judicial mediante el cual se lleva a cabo la liquidación de una empresa que se considera insolvente, es decir, cuando el empresario no es capaz de pagar las deudas que tiene contraídas. De declararse bajo este régimen, no sería favorable para los empleados, puesto que monto de cesantía sería inferior a los 15 días y no se aplicaría preaviso, lo que traería como consecuencia que perciban menos ingresos.

“En ese caso, el estado debe amparar a esos trabajadores. Los empleados no deben cargar con las malas prácticas de sus patrones”, dijo Abreu.

Si reabren, pueden hacer un acuerdo con la entidad fiscalizadora y ponerse al día con los pagos.

Abreu también indicó que está de acuerdo con esta iniciativa. “Todo el que incumpla la ley debe ser castigado”, dijo. A la vez, destacó que la sociedad china es muy trabajadora, pero con su visión capitalista, solo vela por sus propios intereses, dejando a un lado a sus obreros.

También agregó que a estos no les gusta contratar dominicanos porque “se quejan mucho” y los cancelan antes de los tres meses para evitar dar prestaciones laborales, beneficio adquirido por ley y violando los derechos. Expuso que prefieren contratar extranjeros haitianos ilegales para eludir los pagos de ley y asignarle salarios por debajo del mínimo.

Agregó que hace mucho los empresarios habían denunciado las supuestas estafas al estado por parte de los comerciantes chinos, por la competencia desleal que esto representa.

Sobre la reforma fiscal que algunos economistas afirman es la vía para mejorar los servicios públicos y transformar los recursos estatales en mejoras tangibles para la población, citando ejemplos de naciones donde altos impuestos se traducen en beneficios palpables para los ciudadanos, el sindicalista señaló que, si en el país se evitaran las evasiones de impuestos y se fiscalizara de manera eficiente, no sería necesario cargar más con impuestos a la clase media.