Por: Cándido Almánzar
A partir de la entrada en vigencia de la Normativa 09-15 que obliga a las instituciones de educación superior a garantizar las competencias de los futuros docentes en las áreas pedagógicas, curriculares y en gestión escolar, las universidades se han visto en la imperiosa necesidad de trabajar en los nuevos planes o programas de las carreras de educación.
Establecer esos programas ha conllevado extensas jornadas de análisis y producción para tratar de lograr los resultados requeridos en cuanto a la formación docente, acorde a los estándares establecidos por el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT), en el marco del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana 2014–2030.
Se trata de una legítima aspiración de los sectores que impulsan el desarrollo del país por mejorar la calidad de la educación, lo cual precisa como requisito sine qua non la cualidad competencial del personal docente y obviamente, es una iniciativa que ha sido aplaudida por la comunidad académica y ha recibido respaldo nacional e internacional.
Sin embargo, no todo ha sido color de rosa, puesto que ha resultado bastante difícil para no decir imposible, el esfuerzo y la dedicación de las universidades para lograr la implementación de los nuevos planes educativos bajo el amparo de la ut supra Normativa, debido básicamente a la falta de estudiantes que superen las pruebas de Orientación y Medición Académica (POMA) y de Aptitud Académica (PAA), que son requisitos exigidos con carácter obligatorio para ser admitidos en las aulas universitarias.
El asunto es que se ha condicionado el ingreso al sistema de educación superior de los estudiantes que apliquen para su formación como docentes, en base a un riguroso examen de admisión que incluye una prueba estandarizada internacionalmente como lo es la PAA, la cual se aplica a través de la organización College Board Puerto Rico y América Latina.
Respecto a esta prueba, que es una especie de muro de contención, se ha observado una reducida proporción de estudiantes que consiguen su aprobación, llegando a ser incluso de apenas un 4% del total de aspirantes a nivel nacional.
Somos del particular parecer que esta situación puede mejorar; que solo es asunto de adecuarnos a la realidad con optimismo, en actitud de resiliencia, fortaleciendo las debilidades con el emprendimiento de acciones concretas tendentes a lograr los objetivos trazados en el Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
Como académico y como gestor estamos de acuerdo en que se requiere perfilar y controlar el acceso a las carreras de educación, propiciando el egreso de profesionales competentes que promuevan una enseñanza que transforme la sociedad y se cumpla con aquellos perfiles de profesionales plasmados en el currículo dominicano.
Entendemos que se puede aprovechar la experiencia ya acumulada en la aplicación de la prueba internacional PAA para gestar un proyecto propio de evaluación y control; una prueba diseñada por expertos dominicanos que conozcan y comprendan el contexto en el que se forman nuestros bachilleres, de manera que el resultado sea menos frustrante para todos, ya que las altas tasas de reprobación se traducen en un malestar que afecta no solo al estudiante que reprueba, sino a todo un engranaje del sistema educativo universitario.
Como complemento a esta propuesta, se debería sistematizar la aplicación de un curso de nivelación para aquellos aspirantes que no alcanzasen el puntaje mínimo aprobatorio. En este curso se buscaría desarrollar competencias de redacción, razonamiento lógico y matemáticas.
En segundo lugar, y en vinculación con el punto anterior, es preciso desarrollar programas doctorales de bajos costos con el apadrinamiento del Estado dominicano, como una manera de coadyuvar al fortalecimiento de la capacidad cognitiva del personal docente a nivel superior.
Es que las carreras de educación deben contar con una cartera docente de doctores, puesto que en la actualidad las universidades del país no cuentan con una oferta suficiente para suplir esta demanda, y no cuentan con los recursos para financiar la capacitación de su personal.
Lo que sí es posible, si el Estado se involucra de manera firme y decidida, es estructurar un programa doctoral de salidas de múltiples opciones, desarrollado convenios multilaterales con la participación activa de las universidades nacionales e internacionales. De esta forma se daría la opción de cursar estudios doctorales a nuestros docentes universitarios abaratando costos y garantizando los estándares de calidad requeridos para este nivel.
En conclusión, es preciso emprender acciones concretas que permitan la continuidad y el desarrollo de las carreras universitarias en el área de educación, sin soslayar la legítima aspiración de lograr la mayor competencia posible de los futuros docentes, y si para ello es preciso modificar o readecuar la aplicación de la Normativa 09-15, que se haga acorde a la realidad que vive el país, sin apartarse del Pacto Nacional para la Reforma Educativa en la República Dominicana 2014–2030.
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