Tope de deuda y sanciones para funcionarios en propuesta de Ley de Responsabilidad Fiscal
El anteproyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales, propuesto la semana pasada al Senado por el Poder Ejecutivo, establece sanciones para los funcionarios que la incumplan, que van desde suspensión del cargo por hasta dos años, destitución e inhabilitación de cualquier puesto por hasta cinco años y otras penales previstas en las leyes.
La propuesta, depositada por el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, busca poner reglas para nuevas exoneraciones, financiamientos y tope al endeudamiento.
Esto ante lo dipuesto por la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que se arribe a un pacto fiscal. “Para ello se requiere el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal”, indica el presidente Luis Abinader en su carta de presentación.
Principales propuestas
La iniciativa, de 22 artículos, establece un objetivo de deuda de no más de 40 % del producto interno bruto nominal (PIBN) en el Gobierno General Nacional para el 2035. Actualmente está en 45.1 %, precisa Abinader.
Señala que el gobierno “adoptará medidas apropiadas para garantizar que, en ningún ejercicio fiscal, la tasa de crecimiento del gasto primario del sector público no financiero supere la tasa de inflación promedio anual proyectada más 3.0 puntos porcentuales”.
Propone establecer la posibilidad de revisar la regla de gasto en caso de producirse un incremento permanente y estructural de los ingresos.
Deja delimitada una cláusula de suspensión por desastres naturales que impliquen erogaciones mayores del 0.3 % del producto interno bruto (PIB) y en el caso de recesión o crecimiento menor del 1 % del PIB.
Indica que todo proyecto de ley que se presente, que implique un incremento en el gasto o la adición de nuevas funciones a la Administración Pública, deberá ir acompañado de un plan que garantice su financiamiento de mediano y largo plazo “con pleno apego a los principios que rigen” dicha ley.
Otros requisitos también se aplicarían para aprobar cualquier nueva exoneración que no responda al principio de capacidad económica o para aprobar otros incentivos fiscales, entre estos, estudios que cuantifiquen los beneficios y el monto estimado del sacrificio fiscal.
Para vigilar el cumplimiento de la ley, manda la creación del Comité de Supervisión de Responsabilidad Fiscal, adscrito al Ministerio de Hacienda.