Tribunal ordena al MP entregar a Donald Guerrero actuaciones y pruebas que dice tener en su contra

La jueza del Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ordenó al ministerio público entregar a la defensa del exministro de Hacienda, Donald Guerrero, principal implicado en el caso Calamar, todas las actuaciones, evidencias y pruebas reunidas que dice tener en su contra para fundamentar su acusación.

La magistrada Patricia Padilla, al acoger una solicitud de peticiones de la defensa técnica de Guerrero, ante la negativa de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), de entregarle los documentos requeridos.

La jueza dispuso entregar a los abogados del ex funcionario del Gobierno de Danilo Medina, las informaciones recopiladas durante toda la etapa investigativa desde la imposición de la medida de coerción hasta la presentación del requerimiento conclusivo.

Sostiene que esto con el fin de que pueda proceder a su examen inclusive obtener copias, de aquellos elementos o documentos obtenidos posteriormente a la imposición de la medida de coerción y durante la etapa investigativa, que sean de su interés,

Sin embargo, el tribunal advierte que siempre y cuando no obstaculicen la investigación, ni pongan en evidencia las estrategias de investigación del ente acusador, a fin de que pueda proponer las diligencias de investigación que entienda pertinente para su defensa, salvo aquellas actuaciones en torno a las cuales se justifique que perjudiquen la investigación en curso.

Asimismo, la jueza advirtió a las partes la obligación de guardar discreción respecto al conocimiento de las actuaciones cumplidas, cuyo incumplimiento es considerado como falta grave por el artículo 290 del Código Procesal Penal.

El reclamo fue hecho ante la jueza Padilla, quien tiene el control de las investigaciones, por los abogados Eduardo Núñez, Manuel Rodríguez, Mario Eduardo Aguilera, Laura Rodríguez Cuevas y María del Pilar Zuleta.

El imputado fue trasladado al tribunal bajo estricta medida de seguridad, por agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (VTP), luego de la que la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, le variara la prisión preventiva, por el pago de una garantía económica de cinco millones de pesos, bajo la modalidad de contrato, impedimento de salida y presentación periódica.