Uno más, Ojos, que no se quemen los archivos del Plan Social de la Presidencia

Por. Ysela Santos

No bien arranca un nuevo año y el gobierno que encabeza el presidente dominicano, Danilo Medina es sacudido por otro escándalo de corrupción, el cual se suma a la larga lista negra, que en contra del erario público vienen cometiendo varios funcionarios de su entorno.

No pretendemos hacer un recuendo de todos y cada unos de los casos de robos contra el estado dominicano, si referirnos al más reciente desenfreno que junto a los demás, acompañarán al mandatario por el resto de sus días, especialmente por su negativa en reconocer que este cancer, ya hizo metatasis en todo el cuerpo.

Es el caso del Plan Social de la Presidencia, entidad que dirige Iris Guaba desde Septiembre del 2017. A esta señora por ahora de plano no se le acusa de nada grave penal, muchos piden su cabeza, más su prepotencia, arrogancia, por dirigir esa institucón como una parcela particular.

Recordar que a un año de que fuera posesionada en el cargo, el Concejo de Regidores de la alcaldía de Santo Domingo Este declaró persona no grata para dicho municipio a la directora del Plan Nacional de Asistencia Social de la Presidencia, Iris Guaba.

La declaración fue hecha mediante una resolución, el cual se fundamenta en supuestos desplantes por parte de Iris Guaba a varios regidores que dicen tener más de siete meses solicitando una cita con la funcionaria.

Según la regidora Nanci Cuevas, la directora del Plan Social se ha negado a recibir a los ediles que desde el pasado marzo le han enviado cartas con la finalidad de diligenciar asistencia a personas de escasos recursos de esta demarcación.

La propuesta fue acogida por 32 regidores, excepto por el vicepresidente de la Sala Capitular, Felito Rodríguez, explicó Cuevas.

El Ministerio Público de la provincia de Santo Domingo anunció el arresto de dos funcionarios del Plan de Asistencia Social de la Presidencia y varios comerciantes, señalados como parte de una banda que se dedicaba a sustraer mercancías destinadas a los planes de asistencia social del Gobierno y filtrarlas hacia el mercado formal. Ae habla de millones de pesos que peetenecen al pueblo dominicano, una vez más en poder de un grupito.

De acuerdo con un comunicado del Ministerio Público, los apresados con orden de arresto incluye un encargado departamental del Plan Social, Gabriel Méndez Fernández, la encargada del Departamento de Fundaciones, Xhemyramiz Desieree Jiménez Urbaez, el ex empleado de esa institución, Rafael Cuevas Cumba alias “Fucho”, y los comerciantes detallistas Luis Antonio Montilla Patricio, alias “Antonio Funda” y Franklin Rafael Pérez Calderón, alias “El Gordo”.

Como si se tratara de un caso de ratería menor, el Tribunal de Atención Permanente de la provincia Santo Domingo impuso como coerción a los inculpados Gabriel Alfredo Méndez Fernández y Xhemyramiz Desiree Jiménez Urbaez, ambos funcionarios del Plan Social de Asistencia Social de la Presidencia (PASP), una garantía económica en efectivo de RD$60,000 pesos a cada uno, presentación periódica ante el fiscal investigador e impedimento de salida del país.

Sin embargo, el juez Marlon Espinosa acogió además el pedimento del Ministerio Público de declarar como complejo el caso contra dos funcionarios del PASP, imputados de evadir raciones alimenticias destinadas a personas pobres y venderlas a comerciantes.

El Ministerio Público informó que las medidas fueron impuestas de acuerdo a numerales del Código Procesal Penal y a la Ley 41-08 de Función Pública la noche de este jueves en el Tribunal de Atención Permanente, con sede en el Palacio de Justicia de Santo Domingo.

Méndez Fernández y a Jiménez Urbaez están acusados de integrar una banda que se dedicaba a sustraer mercancías destinadas a los programas y planes de asistencia social del Gobierno y venderlas en el mercado formal.

Además de Gabriel Méndez Fernández, Jiménez Urbáez, en el expediente también figuran el exempleado de esa institución Rafael Cuevas Cumba, y los comerciantes detallistas Luis Antonio Montilla Patricio y Franklin Rafael Pérez Calderón.

El Ministerio Público dijo ayer que pedirá un año de prisión en su contra como medida de coerción y lo declaró como caso complejo.
Como parte de las investigaciones las autoridades han realizado entrevistas a empleados del Plan Social, a nivel nacional.

También se desarrollaron allanamientos en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2017 en distintos barrios y comercios, mediante los cuales fueron incautados “conduces” del Plan Social que facilitaban la entrada y retiro de raciones alimenticias de sus almacenes.

Los dos encartados fueron trasladados hasta la cárcel de la Fiscalía en el poblado de San Luis, donde deberán permanecer hasta tanto paguen las fianzas impuestas.

En los operativos fueron decomisados artículos comestibles y bebidas con el timbrado del Plan Social de la Presidencia, con la advertencia de que esas mercancías no pueden ser vendidas.

El Ministerio Público determinó que estas irregularidades eran cometidas desde el año 2010 en perjuicio del Plan Social. Sin embargo a raiz de la llegada de Iris Guaba al frente de la entidad, todo lo maneja ella de manera directa.

CASO SANTIAGO

Con relación a la Oficina Regional del Plan Social de la Presidencia, desde hace dos años está al frente la señora Hilda Rodríguez, dirigente peledeista, quien no conozco, de acuerdo a las informaciones las raciones alimenticias les llegan muy reducidas y toda la asistencia social que llega desde la capital es recibida y distriuida por la gobernadora, Aura Toribio.

”Ella es muy honesta y trabajadora, le envian solo ”chilatas”, en navidad le llegaron 150 cajas”, expresó una fuente de entero crédito que pidió reserva de su identidad, que solo espera que se lleguen hasta las últimas consecuencia, y que caiga quien tiene que caer.

Tambien nosotros esperamos que no se quemen los archivos en el Plan Social de la Presidencia, como ya ha sucedido en el pasado en otras instituciones, desfalcadas, cuyos responsables de tales robos, pululan por las calles como ”honorables”, sin recibir todo el peso de la ley , y que da mayor fuerza al movimiento de la Marcha Verde, que precisamente lucha por el fin de la impunidad.

El Plan Social de la Presidencia ubicado en el corazón de la provincia Santo Domingo donde reside el 36% de la población nacional, la misma que aporta el 34% del PIB de la nación, pero con los mayores niveles de pobreza, criminalidad, inseguridad y demás problemas sociales de todo el país, comparto la idea que si quiere reducir el hambre y la pobreza a cero y demás taras sociales, como se ha comprometido el gobierno dominicano con los Objetivos del Desarrollo Sostenible, todos los esfuerzos del Plan Social deberían enfocarse a la población pobre y hambrienta de esta provincia que es la más numerosa del país en todos los órdenes, consecuentemente el impacto que se genere en dicha población, se verá reflejado en todo el territorio nacional.
La República Dominicana es signataria de los Objeticos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2015-2030, también conocidos como la agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre los que cuentan como prioritarios poner fin a la pobreza y reducir el hambre a cero, los mismos que constituían el primer Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM) 2000-2015, al parecer una utopia, en un país, donde el flagelo de la corrupción.

La sorpresiva fortaleza de la Marcha Verde pareciera indicar que la población comienza a tomar conciencia de lo que le roba la corrupción y de cómo se reproduce en delincuencia por el efecto demostración de los depredadores del patrimonio público través de sus subordinados, trabajadores domésticos, choferes, vigilantes, militares, policías y otros servidores que llegan a creer que también deben aprovechar cualquier brecha para incrementar sus magros ingresos.

Con lo que se roba la corrupción se construyen dos República Dominicana
Hace tres años la entonces presidenta de la Cámara de Cuentas Liselotte Marte de Barrios sostuvo que con lo que se lleva la corrupción se podrían construir dos República Dominicana, al quejarse de las sistemáticas irregularidades y depredaciones del patrimonio público que se encuentran en gran parte de las auditorías.

Si se aceptasen los cálculos del expresidente Leonel Fernádnez, la corrupción nacional representaría cientos de miles de millones de pesos anuales. Ya en la campaña que lo llevó por primera vez a la presidencia en 1996, la estimó en 30 mil millones de pesos, lo que él mismo recordó en el artículo “Odebrecht y el Combate a la Corrupción” del pasado 5 de junio en el Listín Diario. Era una exageración ya que entonces las recaudaciones fiscales apena alcanzaban esa cifra, y fue en el 2000 que llegaron a 48 mil millones de pesos.

De aplicarse al país los parámetros de Transparencia Internacional que estima la corrupción en la región en al menos 1% del PIB, este año ascendería a unos 36 mil millones de pesos. La oficina local de Oxfam procesa una metodología para calcularla, avanzando un estimado del 0.8 por ciento del PIB, lo que implicaría 30 mil millones de pesos. Si se aplica el 10 por ciento del presupuesto nacional calculado en un Perú, aquí montaría a 51 mil millones de pesos en el 2017. Eso restando al presupuesto de 711 mil millones de pesos, los 201 mil destinados al pago del capital y los intereses de la deuda. Aunque en la interna media también una considerable corrupción por el cobro de comisiones por pagos.

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