El gobierno de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el viernes su decisión “firme y definitiva” de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI).
El canciller venezolano, Félix Plasencia, indicó en X que el país sudamericano comunicó al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, la decisión de “denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127”.
El anuncio se produjo más de siete meses después que la Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó por unanimidad una ley para derogar el instrumento legal que hace casi 26 años ratificó la adhesión al Estatuto de Roma —constitutivo de la CPI— en un primer paso para retirar al país de ese tribunal.
“Venezuela considera que la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global”, dijo Plasencia en un comunicado. “Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía”.
El canciller consideró que el tribunal “ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger”. Sostuvo que Venezuela rechaza “esta dimensión de lawfare” —en alusión al uso mal intencionado de las leyes y de los tribunales como arma política— “que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir”.
Además reafirmó el compromiso del gobierno con una justicia equitativa y “respetuosa de la soberanía”.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000 durante el mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013). La CPI ejerce jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002.
La CPI es un tribunal de última instancia que investiga crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.
El artículo 127 del Estatuto de Roma establece los pasos que un Estado miembro debe seguir si desea retirarse de ese tribunal. Debe informar al secretario general de las Naciones Unidas y el retiro entra en vigor un año después de la recepción de la notificación. Anunciar la retirada, sin embargo, no libera al país de sus deberes bajo el tratado.
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