Por J. Luis Rojas
Según lo establecido en la Ley 87-01, la cual crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS), este debería ofrecer a todos los ciudadanos servicios oportunos y de calidad para protegerlos en áreas esenciales como salud, pensiones y riesgos laborales. En este orden, entre lo que dicen los considerandos, el objetivo sustancial, los principios rectores de dicha ley y los altos niveles de insatisfacción que manifiestan continuamente los afiliados, existen brechas enormes. En otras palabras, no hay sinergia entre lo que plantea la Ley 87-01 y lo que actualmente reciben los ciudadanos.
Los hechos hablan más que mil palabras. Hasta ahora, los componentes que integran el eje de salud y riesgos laborales del SDSS han tenido un desempeño mediocre, debido, entre otras causas, al activismo del sector privado y a la pasividad de los representantes gubernamentales.
La evidente deficiencia de este eje está vinculada con la concepción rentista con que los mismos son dirigidos. Por ejemplo: las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) son las que gestionan servicios médicos; mientras que los Proveedores de Servicios de Salud (PSS) son las clínicas, hospitales y centros médicos acreditados para brindar atención. En cambio, la labor de supervisión corresponde a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la cual debería estar más atenta al cumplimiento de las normas en salud y riesgos laborales.
Tal como establece la Ley 87-01, el SDSS está compuesto por entidades públicas, privadas y mixtas que cumplen funciones específicas como regulación, supervisión, administración de riesgos y prestación de servicios. Además, en términos organizativos, el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) es la entidad pública autónoma y el órgano superior del sistema. Como se aprecia, esta instancia tiene una importante cuota de responsabilidad en la calidad, cantidad y pertinencia de los logros y resultados alcanzados en materia de seguridad social dominicana.
Otro de los ejes del SDSS es el relativo a pensiones y jubilaciones. El nivel de satisfacción de los afiliados respecto a los componentes de este eje, sin duda, es similar o peor que el de salud y riesgos laborales. Los actores que dirigen estos componentes —al igual que los que gestionan la salud y los riesgos laborales— ven la seguridad social desde la perspectiva de la acumulación de dinero: las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP) y la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), cuyo objetivo principal es supervisar el sistema de pensiones. Cabe destacar que el superintendente, señor Francisco A. Torres Díaz, es un jugador estelar de las AFP, quien finge jugar en el equipo de los afiliados.
El pésimo desempeño que, por más de 22 años, ha caracterizado al SDSS en cada uno de sus ejes —salud, pensiones y riesgos laborales— ha sido insatisfactorio. Para conocer con mayor profundidad y precisión las fuerzas restrictivas internas y externas que han limitado su buena gestión, se muestran a continuación algunos de los hallazgos más relevantes de la investigación Radiografía de la Seguridad Social: rentabilidad y costo social de la industria de AFP y ARS, enero-diciembre, 2024, de los investigadores Matías Bosch Carcuro y Francisco A. Tavárez Vásquez.
En el referido documento, Bosch y Tavárez analizan la rentabilidad y el costo social de las AFP y las ARS en República Dominicana durante el período 2004-2024. El estudio aborda aspectos fundamentales sobre el rol de las AFP en el subsistema de pensiones del país. En cuanto a los ingresos y ganancias, estas entidades obtuvieron ingresos operacionales de RD$10,677 millones en 2024, con un crecimiento interanual de 10.8%. Sus ganancias fueron de RD$5,732.5 millones, lo que representa un aumento del 14.2% respecto al año anterior (2023). Es decir, se vuelve a evidenciar la práctica del embudo: lo ancho para las AFP y lo estrecho para los afiliados.
Sobre la concentración de mercado, Bosch y Tavárez afirman que cuatro de las principales AFP concentran el 96.1% de los ingresos totales, lideradas por AFP Popular (33.7%), filial del grupo corporativo financiero Popular. El estudio también señala que el sistema de capitalización individual ha generado, desde 2004, un costo social acumulado de RD$113,356.9 millones, cifra que —a juicio de los autores— pudo haberse destinado a un sistema público solidario.
La investigación también analiza la rentabilidad real promedio del sistema de pensiones, concluyendo que es de apenas 5.5%, inferior a la rentabilidad nominal. Los fondos se destinan principalmente a inversiones financieras y proyectos privados, generando bienestar y riqueza únicamente para los dueños de las AFP.
En cuanto a las ARS privadas, el estudio muestra que estas generaron RD$56,266.1 millones en ingresos en 2024 y obtuvieron beneficios por RD$3,090.3 millones. No obstante, los gastos administrativos y generales superan las utilidades. En sus estrategias de crecimiento y participación de mercado, las ARS emplean prácticas discriminatorias al seleccionar afiliados según edad, sexo e historial médico, favoreciendo a jóvenes y hombres para maximizar beneficios. Esta realidad podría explicar el bajo desempeño de la ARS pública, SENASA.
Respecto a la concentración de mercado, el estudio destaca que cuatro ARS principales concentran el 81.1% de los ingresos, lideradas por ARS Primera (42.7%). Desde 2007, las ARS privadas han generado un costo social acumulado de RD$79,089 millones. En 2024, reportaron beneficios de RD$3,090.3 millones, siendo esta la segunda vez en 16 años que superan los RD$3,000 millones. Dicho resultado es 5.5 veces superior al registrado en 2008 y 1.3 veces mayor al beneficio extraordinario de 2020.
Bosch y Tavárez concluyen que la discriminación por edad, sexo e historial médico afecta directamente los beneficios de las ARS privadas, ya que al afiliar principalmente a jóvenes y hombres —quienes demandan menos servicios médicos— reducen sus gastos en siniestros y maximizan ganancias. Por ejemplo, ARS Futuro, que concentra el 56.3% de los beneficios en 2024, tiene la siniestralidad más baja del sistema (43.6%) debido a su alta proporción de afiliados jóvenes (49.3% entre 18 y 30 años). Esto demuestra que los beneficios no dependen solo del número de afiliados, sino de las características sociodemográficas de la cartera.
Sin lugar a duda, la concentración del mercado de las ARS privadas tiene un impacto significativo en los beneficios, ya que pocas empresas dominan la mayoría de los ingresos. En 2024, el 81.1% de los ingresos en salud se concentraron en solo cuatro ARS: ARS Primera (42.7%), MAPFRE Salud ARS (18.2%), ARS Futuro (10.7%) y ARS Universal (9.5%). Esta estructura oligopólica permite ejercer gran poder de mercado, optimizar ingresos y establecer prácticas como la discriminación en la afiliación, en desmedro de los derechos de los afiliados y de una competencia justa.
Radiografía de la Seguridad Social: rentabilidad y costo social de la industria de AFP y ARS, enero-diciembre, 2024, de Bosch Carcuro y Tavárez Vásquez, es un documento objetivo que critica el modelo privatizador de seguridad social vigente en la República Dominicana. Con datos muy precisos, el estudio plantea que el SDSS es un conglomerado de entidades gubernamentales y privadas que beneficia mayormente a grandes grupos financieros y empresas privadas, a costa de los derechos sociales y del bienestar colectivo. La iniciativa de Bosch y Tavárez sugiere la conformación de un sistema alternativo basado en la solidaridad y la gestión pública, capaz de garantizar pensiones y servicios de salud más equitativos, dignos, sostenibles y humanos
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