El salario mínimo del sector público: pasar de las palabras a los hechos

Por J. Luis Rojas

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En países con características sociales, culturales, políticas y económicas similares a las de la República Dominicana, siempre han coexistido dos miradas distintas respecto al rol del talento humano que labora en el sector gubernamental. Para algunos, los servidores públicos son personas que acceden a las instituciones del Estado mediante vínculos político-partidistas, con el único propósito de obtener un salario mensual, al margen de logros significativos. En cambio, para otros, los trabajadores del Estado son individuos que han desarrollado competencias duras y blandas para desempeñar con eficiencia, eficacia e integridad una función en la administración pública.

Con el paso del tiempo, activos intangibles de alto valor como la reputación, credibilidad, profesionalismo, transparencia, ética, vocación de servicio, cortesía, empatía e imagen pública han perdido reconocimiento ciudadano en un segmento importante de los servidores públicos. En este sentido, con frecuencia, grupos de ciudadanos asocian el uso de sus obligaciones fiscales con el tamaño de la nómina estatal. Es innegable que todas las organizaciones políticas que han administrado los recursos del Estado dominicano han utilizado la nómina pública como mecanismo para apaciguar y reducir la presión ejercida por sus miembros y simpatizantes, quienes reclaman un empleo público.

La verdad debe ser dicha. En los últimos 25 años, algunas entidades de la administración pública dominicana han logrado establecer mecanismos creíbles y eficientes para reclutar y seleccionar talento humano con las competencias, habilidades y experiencias que requiere un Estado moderno para satisfacer las necesidades de sus ciudadanos. Es comprensible que los detractores de lo público cataloguen a todos los servidores del Estado como holgazanes. Pero no todo en la vida es perfecto. En muchas agencias públicas de la República Dominicana laboran profesionales iguales o incluso superiores a los del sector privado.

Según datos de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), hasta mayo de 2025, la nómina del sector público dominicano ascendía a 757,028 empleados. Como en la vida misma, en el ámbito gubernamental hay buenos y malos servidores públicos. Aquellos que actúan de espaldas a las disposiciones establecidas en la Ley No. 41-08 de Función Pública son los menos. En cambio, la mayoría conoce y aplica los componentes que integran el marco regulatorio de la administración pública dominicana.

Es imposible tapar el sol con un dedo. En la sociedad dominicana existen incumbentes de instituciones de los sectores gubernamental y privado que, por razones absurdas, perciben y tratan a los ciudadanos que han decidido trabajar para el Estado como si fuesen seres humanos extraños. Ejemplos de estas instituciones incluyen el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones (DGJP), la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM), la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones (ADAFP) y la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS), entre otras.

Son muchos los profesionales de distintas ramas del conocimiento que, durante años, han dedicado sus experiencias y buenas prácticas al Estado dominicano. Con bajo perfil, en el entorno gubernamental existen técnicos calificados que agregan altísimo valor a la buena administración pública. Dicho en otras palabras: no todos los servidores públicos de la República Dominicana son vagos e improductivos.

En este contexto, es probable que el presidente de la República, señor Luis Rodolfo Abinader Corona, consciente del rol que desempeña el talento humano del sector gubernamental, haya anunciado recientemente que se está revisando un posible aumento del salario mínimo del sector público, actualmente fijado en RD$10,000 mensuales. El mandatario calificó este monto como “indignante”, y muchos servidores públicos amparados por la Ley 379-81 y por varios artículos de la Ley 87-01 saludan y agradecen sus palabras. Esto se debe a que, por un cálculo malintencionado de parte de la DGJP, los montos de sus pensiones dependen del indecoroso salario mínimo público.

El presidente Abinader comprende perfectamente que ningún servidor público puede vivir dignamente con un salario de RD$10,000. No hace falta decirle que ese monto es inferior al costo de la canasta familiar del Quintil 1, que en enero de 2025 ascendía a RD$27,828.58. Es decir, el trabajador del sector público que percibe el salario mínimo necesita RD$17,828.58 adicionales para cubrir dicha canasta. El salario mínimo gubernamental solo cubre el 35.9% del costo de la canasta familiar más baja. El jefe de la administración pública sabe interpretar que un servidor público que gana el mínimo necesita casi el triple de su salario para cubrir los bienes esenciales de subsistencia.

En este orden, el presidente Abinader debería escuchar y analizar la solicitud del coordinador general del Movimiento por las Pensiones de los Servidores Públicos (MOPESEP), el psicólogo Luis Holguín-Veras: “Igualar el salario mínimo del sector público al mínimo nacional, actualmente de RD$21,675.00, y establecer por decreto su ajuste periódico en función del salario del sector privado no sectorizado, con su posterior inclusión en la Ley 105-13. Además, establecer un salario mínimo que cubra al menos el costo de la canasta del Quintil 1, es decir, aproximadamente RD$28,000 mensuales, con ajustes periódicos por inflación. Esta segunda medida podría combinarse con la primera, a fin de que en un plazo corto se logre un salario mínimo nacional que se aproxime al costo de la canasta básica familiar del quintil más bajo”.

No hay peor ciego que el que no quiere ver la realidad. Es, sin duda, una mezcla de hipocresía, inequidad, desprecio e indiferencia, el hecho de que 183,324 empleados públicos dominicanos ganan menos de RD$15,000, según datos de la TSS y difundidos por el periódico El Nacional del 8 de agosto de 2025. En síntesis, es injusto e indigno que tantos servidores públicos reciban un salario mensual tan pírrico (RD$10,000.00) que ni siquiera les alcanza para comprar los productos básicos de la canasta del Quintil 1. El monto actual del salario mínimo público produce un efecto dominó negativo en la calidad de vida y en las pensiones que reciben determinados trabajadores del Estado.

Señor presidente, este es el momento justo para pasar del discurso a los hechos. Para su información y fines pertinentes, miles de servidores públicos con muchos años laborando en la administración pública no han tomado la decisión de pensionarse, debido a que la DGJP continúa calculando sus pensiones tomando como base los ocho aciagos salarios mínimos del sector público, violando la Ley 379-81 y varios artículos de la Ley 87-01. No es justo, no es humano, no es digno que, luego de trabajar 30 o más años en el sector gubernamental, la pensión más alta que otorga el Estado dominicano, según los cálculos erróneos de la DGJP, sea de apenas RD$80,000 mensuales.