Por J. Luis Rojas
En tiempos difíciles, su silencio pesa más que sus discursos de responsabilidad social
Un país bajo presión y un sector privado que mira hacia otro lado
En el entorno competitivo dominicano actual —marcado por tensiones, ansiedades, débil institucionalidad, consumidores inorgánicos y gobiernos que toleran malas prácticas de grandes marcas que exhiben con orgullo su influencia económica y política—, la mayoría de las empresas nacionales parece convencida de que su única responsabilidad consiste en generar riqueza material, crear empleos y cumplir con sus obligaciones fiscales.
En los países desarrollados, las marcas invierten grandes sumas para fortalecer sus intangibles: reputación, credibilidad, confianza pública, licencia social, capital relacional y legitimidad. Y cuando estallan crisis sociales, económicas, políticas o ambientales, suelen responder con acciones concretas. Son marcas que comprenden que su responsabilidad no termina en el balance financiero.
En la República Dominicana, sin embargo, el contraste es evidente. Aunque diversos rankings reconocen atributos positivos en marcas locales —liderazgo, innovación, confianza pública—su compromiso social es débil. Todo indica que, en el ADN de muchas grandes empresas, persiste un paternalismo estatal que solo rechazan cuando no favorece sus intereses.
Mientras tanto, la sociedad dominicana enfrenta precariedades en servicios públicos, deficiencias en educación y seguridad social, ausencia de educación vial y tensiones derivadas de eventos globales. En medio de esta turbulencia, el presidente Luis Rodolfo Abinader Corona luce solo, como el capitán Edward John Smith observando el hundimiento del Titanic. La demagogia de la oposición, la mezquindad de las grandes marcas y la miopía selectiva de diversos sectores olvidan que la República Dominicana no es propiedad exclusiva del presidente Abinader.
Choques globales, medidas de emergencia y la negativa de los partidos a sacrificarse
Los choques externos no son nuevos. La guerra entre Rusia y Ucrania en 2022 y la crisis en Medio Oriente en 2026 obligaron al gobierno a diseñar planes de emergencia para proteger la economía nacional. Aunque los diagnósticos fueron similares —alza del petróleo, presión inflacionaria y amenaza a la canasta básica—, las respuestas revelaron un cambio en la filosofía de acción del Estado.
Ante la crisis Rusia‑Ucrania, el presidente Abinader implementó un plan de 10 medidas que incluyó subsidios a combustibles, apoyo al transporte, reducción de aranceles a productos esenciales, subsidios a materias primas, aumento del gasto social, políticas de subsidios focalizados, coordinación interinstitucional para controlar precios, impulso a la aplicación Precios Justos, agilización de trámites y facilidades crediticias del Banco Agrícola.
El plan contemplaba además reducir en un 50 % los fondos públicos asignados a los partidos políticos. Como era previsible, la oposición rechazó la propuesta alegando que “la democracia tiene un costo”, aunque internamente sus organizaciones distan mucho de practicarla. En 2025, la JCE distribuyó RD$2,400 millones entre los partidos con más del 5 % de los votos. Ninguno estuvo dispuesto a renunciar a un solo centavo. Su negativa evidencia que, cuando se trata de preservar privilegios, no creen en nadie ni en nada.
La visión de Friedman sigue viva en las AFP, las ARS y gran parte del empresariado
En el mundo empresarial contemporáneo ya no es sostenible afirmar que la única función de las empresas es generar beneficios. La visión reduccionista de Milton Friedman —“The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits” (1970)— ha sido superada por las exigencias éticas actuales. Hoy, las marcas están llamadas a desempeñar un rol social activo orientado al bienestar colectivo y la sostenibilidad.
Sin embargo, en la República Dominicana esa visión sigue viva. Las AFP y las ARS —a través de sus gremios, la ADAFP y la ADARS— generan miles de millones sin asumir prácticamente ningún riesgo empresarial y sin destinar recursos a campañas de prevención de la violencia, salud mental o educación ciudadana. Su comportamiento responde fielmente a la lógica rentista: maximizar beneficios sin compromisos sociales reales. En un país con niveles alarmantes de feminicidios, ¿qué les impide invertir en campañas masivas de comunicación que contribuyan a reducir esta tragedia nacional?
Lo mismo ocurre con las instituciones financieras —Banco Popular, Banreservas, BHD, Scotiabank— que cada año facilitan la venta de miles de vehículos. Podrían invertir en educación vial, movilidad sostenible y prevención de accidentes. Pero no lo hacen. También los concesionarios automotrices —Viamar, Santo Domingo Motors, Delta Comercial, Reid & Compañía, Autozama, Avelino Abreu, Autogermánica, Magna Motors— y las empresas de transporte —Caribe Tours, Metro, Expreso Bávaro, Transporte Espinal, TC— deberían asumir un rol activo junto al INTRANT. Sin embargo, prefieren trasladar toda la responsabilidad al Estado.
Estabilidad económica: un esfuerzo que debe ser colectivo
Cuando aumentan los precios del petróleo y las materias primas por guerras, tensiones geopolíticas o especulación financiera, los países importadores enfrentan inflación, depreciación, tensiones sociales y mayores compromisos fiscales. En estos momentos, la estabilidad no se construye desde la confrontación partidaria, sino desde la responsabilidad colectiva.
Hoy, mientras el presidente Abinader realiza esfuerzos para preservar la gobernanza, contener el costo de la vida y mantener el crecimiento económico, el CONEP, COPARDOM y la AIRD deberían exigir menos al gobierno y motivar más a sus asociados para que no especulen con los precios. Solo así contribuirían con hechos —y no con verborrea ni peticiones paternalistas— a fortalecer la estabilidad y paz social que el país necesita.
El sector hotelero dominicano, acostumbrado a operar bajo un manto de privilegios fiscales y beneficios estatales, no puede seguir actuando como si la estabilidad del país fuera un recurso infinito garantizado por otros. Mientras el presidente Abinader enfrenta choques globales, presiones inflacionarias y tensiones sociales, los grandes hoteles guardan un silencio cómodo, casi calculado, como si la prosperidad turística no dependiera directamente de la paz social y la gobernanza interna. Es hora de que este sector deje de comportarse como un invitado de lujo y asuma su papel como actor estratégico del desarrollo nacional. No pueden exigir seguridad, infraestructura y estabilidad para sus huéspedes mientras permanecen ausentes del debate público y del compromiso social. El turismo no se sostiene con piscinas infinitas, sino con un país estable. Y ese país necesita que el sector hotelero dé un paso al frente.
La República Dominicana no puede seguir avanzando con un sector privado que exige mucho y aporta poco. En tiempos de incertidumbre global, la verdadera grandeza de una marca no se mide por sus ganancias, sino por su capacidad de asumir compromisos éticos con la sociedad que la sostiene. El país necesita empresas, marcas y organizaciones políticas que entiendan, de una vez por todas, que la estabilidad nacional no es un favor al gobierno de turno, sino una responsabilidad ineludible con toda la ciudadanía. Quien se beneficia del país debe contribuir a cuidarlo; lo contrario no es neutralidad, es indiferencia disfrazada de éxito.
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