Empresas exigen mayor criterio técnico y consenso en contribuciones en reforma a ley de residuos

La reforma planteada a la ley de residuos sólidos ha dividido al sector empresarial: mientras la mayoría de los gremios insiste en que el aumento de las escalas de la contribución especial obligatoria debe responder a criterios técnicos, estudios y procesos de consulta, organizaciones de comerciantes y micro, pequeñas y medianas empresas valoraron los cambios por entender que “corrigen distorsiones” que les afectan.

Con 22 de los 24 votos presentes, el Senado aprobó este martes en una única lectura la reforma a la Ley 225-20 sobre Coprocesamiento y Gestión Integral de Residuos Sólidos, modificada por última vez mediante la Ley 98-25, con los cambios que la Cámara Baja introdujo ayer.

La pieza, revisada en menos de dos semanas, será remitida al Poder Ejecutivo, quien tomará la decisión de revisarla o promulgarla.

La Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (Ecored) sostuvo que una reforma de este alcance debe construirse mediante un proceso amplio de consulta y sustentarse en el consenso.

Afirmó que cualquier cambio estructural debe preservar los principios de participación, transparencia y rigor técnico, además de evaluar objetivamente el impacto económico de las nuevas obligaciones antes de su aprobación.

En la misma línea se pronunciaron la Asociación Dominicana de Agencias de Viajes y Turismo (Adavit), la Asociación Dominicana de Zonas Francas (Adozona) y la Asociación de Industrias de Bebidas No Alcohólicas (Asibenas), al considerar que no se conocen los estudios técnicos que justifiquen las nuevas escalas de contribución ni la metodología utilizada para establecerlas.

 

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