El primer capítulo comenzó el día 29 del mes de mayo del presente año, a parir de las ocho de la mañana, con el operativo de apresamiento de varios funcionarios, de ex funcionarios y empresarios, acusados de recibir un soborno de 92 millones de dólares de parte de la empresa brasileña Odebrecht para la aprobación de obras a su favor.
Los primeros en caer fueron Juan Temistocles Montas, quien se desempeñaba como Ministro de Industria y Comercio, Víctor Díaz Rúa, ex ministro de Obras Publicas y jefe de finanzas del Partido de la Liberación Dominicana, Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno y Ángel Rondón, señalado como el enlace entre la constructora y el grupo de sobornados.
Igual suerte corrieron durante el aparatoso operativo de detención Roberto Rodríguez, exdirector del Inapa, y el ex diputado del Partido Revolucionario Dominicano Ruddy González, al igual que Radhames Segura y César Sánchez, estos dos últimos ex vicepresidentes de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales.
No bien habían sido recluidos en la cárcel preventiva del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva a espera del conocimiento de medidas de coerción cuando comenzaron «a enfermarse», situación que fue interpretada como una estrategia en busca sensibilizar al juez Francisco Ortega, quien fue designado por la Suprema Corte de Justicia para conocer el sonado caso.
La atención de los integrantes de la Sociedad Civil, de los partidos políticos y del Movimiento Verde estaba puesta en las detenciones, por considerar que en el grupo faltaban figuras como el presidente de la República Danilo Medina, los expresidentes Leonel Fernandez e Hipólito Mejía, el presidente del Senado, Reinaldo Pared Perez, la ex presidenta de ese hemiciclo Cristina Lizardo y el expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez.
En medio del clamor generalizado para que se ampliara el listado y se aplicaran sanciones ejemplares a los responsables, el Procurador General de la República, Jean Alan Rodríguez, aclaraba, usando una frase de la Bíblica, que en el expediente «están todos los que son y son todos los que están», con cuyo pronunciamiento concluye la primera parte.
El segundo capítulo de la novela comienza con el conocimiento de medidas de coerción a todos los implicados, los cuales fueron condenados apenas que oscilaban entre seis meses y un año, salvo el caso de los legisladores Tomy Galan, Julio César Valentín y Alfredo Pacheco, a los cuales, por su condición de legisladores, se le amplió una garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.
La tercera entrega se centra en la revisión de las medidas de coerción a los acusados de recibir 92 millones de dólares de Odebrecht, donde se decidió otorgarles la libertad a los imputados, salvo el caso del empresario Ángel Rondón y del dirigente peledeista Victor Díaz Rua.
Las reacciones a la decisión judicial adoptada en tal sentido no se hicieron esperar y desde todos los frentes hubo manifestaciones de rechazo, tras considerarse que todo formaba parte de una jugada política del gobierno, quien no resistía la presión de los sectores que reclamaban y aún siguen reclamando el fin de la corrupción y de la impunidad.
El cuarto y último capítulo de la novela sobre el aprendamiento de los acusados de recibir el soborno por parte de Odebrecht fue más corto, y tiene como argumento la decisión del magistrado Ortega, de enviar a las calles a los dos últimos imputados por el caso, Ángel Rondón y Víctor Díaz Rúa, medida que pone de manifiesto el poder de la clase política gobernante y la fragilidad del sistema judicial dominicano.
Share
