Brasil endurece su ofensiva contra los gigantes tecnológicos por el control de internet

Brasil se ha convertido en uno de los principales escenarios latinoamericanos de confrontación entre los gobiernos y las grandes compañías tecnológicas. La disputa, inicialmente centrada en la eliminación de contenidos ilegales de las redes sociales, se ha extendido a la responsabilidad de las plataformas, la protección de los menores, la competencia económica y los límites de la libertad de expresión.

El Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Supremo Tribunal Federal (STF) han impulsado medidas para aumentar las obligaciones de las empresas digitales, mientras compañías como Google y Meta cuestionan disposiciones que consideran capaces de generar inseguridad jurídica y restricciones excesivas a la circulación de información.

La controversia también tiene una dimensión internacional. Las iniciativas brasileñas coinciden con las críticas de Washington a las regulaciones que afectan a empresas estadounidenses, incorporando la actividad de estas compañías al debate comercial y diplomático entre ambos países.

El Supremo cambia las reglas

Uno de los principales puntos de inflexión ocurrió en junio de 2025, cuando el Supremo Tribunal Federal declaró parcialmente inconstitucional el artículo 19 del Marco Civil de Internet, legislación de 2014 que establece los derechos y deberes de usuarios y proveedores de servicios digitales.

La norma disponía, como regla general, que las plataformas podían ser responsabilizadas civilmente por contenidos publicados por terceros cuando incumplieran una orden judicial específica de retirada.

El Supremo consideró insuficiente ese mecanismo para proteger determinados derechos fundamentales y estableció nuevas condiciones de responsabilidad, aplicables mientras el Congreso no apruebe una legislación actualizada.

El 17 de junio de 2026, el tribunal confirmó criterios para responsabilizar a las empresas por daños derivados de publicaciones ilícitas y estableció un plazo de 60 días para implementar las medidas correspondientes.

Entre las obligaciones figuran mecanismos preventivos frente a delitos relacionados con explotación sexual infantil, terrorismo, discriminación, trata de personas y violencia contra las mujeres, además de mantener representantes legales en Brasil.

La decisión no establece responsabilidad automática por cualquier publicación. Según Agência Brasil, el tribunal contempló criterios relacionados con las fallas de prevención o retirada de contenidos y la posibilidad de demostrar dudas razonables sobre su carácter ilícito.

 

El enfrentamiento adquirió otra dimensión el 20 de mayo de 2026, cuando Lula firmó dos decretos para reforzar la supervisión de las plataformas digitales.

Las disposiciones establecieron mecanismos para denunciar contenidos delictivos, exigir respuestas empresariales y conservar información que facilite identificar a responsables de actividades ilegales. También reforzaron las medidas contra la violencia digital hacia las mujeres y asignaron funciones de supervisión a la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD).

Según fuentes periodísticas, el Ejecutivo defendió las normas como instrumentos para hacer efectivas las obligaciones establecidas por el Supremo. Las medidas contemplan posibles multas y restricciones de actividad por incumplimiento, aunque distinguen determinados servicios de comunicación privada debido a las garantías constitucionales de privacidad.

La reacción empresarial fue inmediata. La Cámara Brasileña de la Economía Digital, que reúne a compañías como Meta, Google, TikTok, Kwai y OpenAI, participó en una carta abierta contra los decretos.

Las organizaciones advirtieron que las exigencias podrían provocar la eliminación preventiva de publicaciones legítimas, elevar los costos operativos y generar incertidumbre jurídica. También cuestionaron que el Gobierno regulara estas materias mediante decretos sin mayor intervención legislativa.

Meta, sancionada por la justicia electoral
La confrontación alcanzó las elecciones presidenciales brasileñas de octubre de 2026.

Este jueves 12 de noviembre, el Tribunal Superior Electoral impuso a Facebook, propiedad de Meta, una multa de 7.5 millones de reales, aproximadamente 1.3 millones de dólares, por incumplir parcialmente órdenes judiciales relacionadas con la campaña presidencial.

Las decisiones respondieron a denuncias de la campaña de Lula sobre un supuesto trato desigual de los algoritmos y herramientas de inteligencia artificial de Meta durante la segunda vuelta frente a Flávio Bolsonaro.

El tribunal señaló que Facebook entregó información fuera de plazo o de manera incompleta, dificultando las verificaciones solicitadas. Sin embargo, aclaró que no existían pruebas de una actuación deliberada para influir en los resultados electorales.

Meta rechazó las acusaciones de parcialidad política y atribuyó los problemas denunciados a fallas técnicas y procedimientos de cumplimiento normativo.

El antecedente de Elon Musk

Uno de los enfrentamientos más conocidos ocurrió en agosto de 2024, cuando la justicia brasileña ordenó suspender X, anteriormente Twitter, después de que la empresa incumpliera decisiones judiciales relacionadas con determinadas cuentas y la obligación de mantener un representante legal en el país.

 

 

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