
El ex fiscal Ybo René Sánchez Díaz y el profesional del derecho Manuel Sierra afirmaron que el expediente instrumentado contra el exministro Administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, carece de sustento legal y constituye una “persecución política” orquestada desde el poder para desacreditar su gestión y su honra.
Los juristas calificaron como un “panfleto” la acusación presentada por el Ministerio Público en el denominado caso “Calamar”, argumentando que el órgano persecutor ha recurrido a la práctica del sobreabundamiento de documentos e informaciones que no guardan ninguna relación con ilícitos penales ni vinculan directamente a Peralta con los hechos imputados.
De acuerdo con los abogados, un análisis riguroso de la pieza acusatoria revela la ausencia de elementos probatorios fehacientes en contra del exfuncionario, quien por primera vez rompió el silencio de más de tres años para defender su honorabilidad ante los tribunales.
“Conforme a lo que hemos visto en la acusación, no hay forma de que a este señor lo pongan en sede de juicio, porque no hay una sola prueba que lo sindique directamente. La prueba tiene que ser vinculante con el hecho que se atribuye”, sostuvieron.
Asimismo, criticaron que el Gobierno y el Ministerio Público hayan realizado sus propias auditorías sin escuchar previamente a los señalados, con el único fin de generar un desmérito público.
Los abogados expresaron su confianza en que la jueza Altagracia Ramírez, a cargo del control de la audiencia preliminar, impartirá justicia recta para salvaguardar la integridad del sistema judicial.
Sánchez Díaz y Sierra Pérez señalaron que la utilización de nombres de la fauna marina para bautizar los casos judiciales atenta contra la dignidad de los ciudadanos y vulnera el principio de inocencia.
Al respecto, recordaron que esta práctica ya fue objeto de censura por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana.
Los juristas invocaron la Sentencia TC/0225/25, la cual ordenó cesar dicha práctica y decretar la nulidad en casos donde el uso de estos pseudónimos busque humillar y erosionar el buen nombre de los encartados, citando como analogía las directrices fijadas en los procesos de otros exfuncionarios.
Destacaron que José Ramón Peralta ha sido un empresario de toda la vida con una trayectoria limpia en el sector privado antes de asumir funciones públicas, donde se desempeñó como un gerente destacado al lado del expresidente Danilo Medina.
Denuncian origen político de las indagatorias
La defensa técnica sostuvo que Peralta y otros dirigentes políticos son el blanco de un plan diseñado desde el Palacio Nacional en complicidad con altas esferas del Ministerio Público, cuyas reuniones de coordinación —según afirmaron— se remontan a agosto del año 2020. Lamentaron que un órgano de naturaleza constitucional se preste para dar tratos degradantes a ciudadanos que han aportado a la sociedad.
“En nuestro caso, nos tocó asumir en el pasado la defensa del señor Leonardo Faña cuando fue sometido por difamación por el propio Peralta. Sin embargo, a pesar de haber estado en el banquillo contrario, nos consta la alta honestidad y la gran trayectoria del señor José Ramón Peralta como funcionario público”.


